Mexicali, Baja California, 27 de marzo de 2026.- El Congreso del Estado solicitó información detallada sobre el programa de Seguro Escolar, tras inquietudes de familias, docentes y autoridades educativas sobre su funcionamiento y alcance en planteles públicos de Baja California.
La petición fue dirigida al titular de la Secretaría de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, a fin de que, por conducto de Oficialía Mayor, se informe sobre las condiciones presupuestales, contractuales y operativas del programa, considerado clave para la atención de accidentes en estudiantes de educación básica.
Entre los puntos a transparentar se encuentran la cobertura del seguro vigente, los procedimientos para su activación, la red hospitalaria disponible y los montos de atención establecidos en la póliza actualmente contratada con la empresa Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
El exhorto fue impulsado por la diputada Alejandra Ang Hernández, quien señaló que el seguro escolar representa un respaldo fundamental para estudiantes que sufran incidentes dentro de las escuelas, durante actividades oficiales o en el trayecto hacia sus hogares.
Indicó que la claridad en estos aspectos resulta indispensable para garantizar que el programa funcione de manera efectiva y cumpla con su propósito de proteger la integridad de las y los estudiantes, así como brindar certidumbre a las familias.
De acuerdo con lo planteado, el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) es la instancia encargada de operar el programa y dar seguimiento a los siniestros, mientras que la Secretaría de Hacienda tiene la responsabilidad de asegurar que la contratación y el uso de los recursos públicos se realicen conforme a la normativa vigente.
Esta supervisión debe apegarse a disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público y la Ley de Adquisiciones del Estado, lo que refuerza la necesidad de que exista información clara y accesible sobre el programa.
La legisladora destacó que contar con datos actualizados y verificables permite evaluar la eficacia del seguro escolar, detectar posibles áreas de mejora y garantizar que el servicio responda de manera oportuna ante cualquier eventualidad.
Asimismo, subrayó que la correcta operación del programa no solo impacta en la atención médica de los estudiantes, sino también en la confianza de la comunidad educativa, al ofrecer condiciones de seguridad y respaldo económico en caso de accidentes.
El llamado del Congreso se da en un contexto donde la demanda por mayor transparencia en el uso de recursos públicos ha cobrado relevancia, especialmente en programas que inciden directamente en la seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar.
La solicitud busca que las autoridades competentes proporcionen información suficiente para que tanto la ciudadanía como los propios planteles educativos puedan conocer el alcance real del seguro y las condiciones bajo las cuales opera en la entidad.
