Mexicali, Baja California, miércoles 4 de marzo de 2026.- Desde el Congreso del Estado, la diputada Montserrat Murillo López presentó un exhorto dirigido a autoridades federales y estatales para que informen y aceleren el cumplimiento de los acuerdos contemplados en el Plan de Justicia para pueblos y comunidades indígenas del municipio de San Quintín.
La legisladora solicitó la coordinación institucional de la Comisión Nacional del Agua, el Organismo de Cuenca Península de Baja California de Conagua y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos relacionados con infraestructura hídrica, regularización y acciones sociales previstas dentro de este plan gubernamental.
La petición se orienta a beneficiar directamente a los pueblos originarios yumano y cochimí, así como a otras comunidades indígenas que residen en San Quintín, una región donde históricamente se han documentado rezagos en servicios básicos y acceso al agua.
Murillo López expuso que el exhorto responde a la necesidad de consolidar acciones que permitan mejorar las condiciones de vida en la zona, al considerar que el desarrollo regional debe sustentarse en políticas públicas que garanticen justicia social para las comunidades indígenas.
Durante su intervención, la legisladora destacó que los compromisos anunciados por el gobierno federal en materia de justicia hídrica y social requieren traducirse en resultados concretos por parte de las instituciones responsables de ejecutar los proyectos.
Señaló que la reciente visita de la presidenta de México a San Quintín generó expectativas entre las comunidades indígenas de la región, particularmente en lo relacionado con el fortalecimiento del Plan de Justicia dirigido a pueblos originarios.
La diputada también subrayó que el seguimiento a los acuerdos establecidos debe reflejarse en obras y programas que impacten directamente en áreas prioritarias como infraestructura, vivienda, educación y salud.
El Plan de Justicia para los pueblos yumano y cochimí busca atender rezagos históricos que han afectado a comunidades indígenas del estado durante décadas, mediante acciones orientadas a mejorar el acceso a servicios públicos, fortalecer la infraestructura comunitaria y promover el desarrollo social en la región.
