Mexicali, Baja California, 03 de marzo de 2026. – En vísperas de la iniciativa presidencial que busca homologar los presupuestos de los poderes legislativos estatales, el Congreso de Baja California salió al paso de las críticas sobre el costo de su operación. Juan Manuel Molina García, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), detalló que la estructura financiera del legislativo responde a una carga poblacional y territorial significativamente mayor en comparación con otras entidades del país.
Molina García explicó que el presupuesto asignado al Congreso local no solo contempla las 25 diputaciones de diversas fuerzas políticas, sino también la operación de la Auditoría Superior del Estado, lo que incrementa las responsabilidades y la plantilla laboral. Según el legislador, el parámetro de medir la eficiencia o el costo dividiendo el presupuesto total entre el número de legisladores resulta inexacto si no se considera la representación poblacional.
“Dividir el presupuesto entre el número de diputados no sería el parámetro más adecuado para considerar el costo de una diputación”, señaló Molina. En ese sentido, precisó que cada uno de los 25 distritos locales en Baja California agrupa entre 160 mil y 170 mil ciudadanos. Para dimensionar la diferencia, el diputado de Morena contrastó la realidad bajacaliforniana con la del estado de Colima, donde cada curul atiende a un promedio de 25 mil o 30 mil personas.
El factor geográfico también fue clave en su argumentación. “Por ejemplo, tan solo el quinto Distrito del Estado tiene una extensión superior al mismo estado de Colima, y atender a la ciudadanía implica retos muy distintos”, ejemplificó, subrayando que las distancias y la dispersión poblacional en una entidad fronteriza del norte generan costos logísticos y operativos que no son comparables con estados más pequeños.
El presidente de la JUCOPO también hizo un ejercicio retrospectivo para ilustrar su postura. Recordó que en legislaturas anteriores se llegó a plantear aumentar el número de diputaciones de 25 a 40. De haberse aprobado esa medida, aplicando la lógica del costo por legislador que suele utilizarse en los análisis mediáticos, Baja California pasaría a tener “diputaciones baratas”, un dato que, según el morenista, no refleja la realidad financiera ni las necesidades de atención ciudadana.
En cuanto a las remuneraciones, Molina García fue tajante al desmentir versiones difundidas en algunos medios que apuntaban a la existencia de bonos, seguros o pagos extraordinarios por presidir comisiones. Aclaró que las percepciones de los legisladores en Baja California se encuentran entre las más bajas del país. “Aquí percibimos 62 mil pesos, no hay bonos, no hay seguros de vida, no hay aguinaldos ni primas vacacionales, inclusive no contamos con seguridad social ni servicios de salud”, manifestó.
Finalmente, el legislador se refirió a la reforma constitucional que impulsará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para estandarizar los presupuestos y percepciones en los Congresos del país. Ante este escenario, Molina García aseguró que la entidad se encuentra preparada para cualquier ajuste. “Sin embargo, si hay que reducir partidas y eficientar áreas, estamos listos para hacerlo con responsabilidad”, concluyó.
