MEXICALI, Baja California, 23 de septiembre de 2026.- Mantener en operación al Congreso de Baja California cuesta cientos de millones de pesos al año. Este miércoles, sin embargo, 11 de sus 25 diputados no permanecieron durante toda la comparecencia de la fiscal general María Elena Andrade Ramírez, una sesión de aproximadamente seis horas en la que se abordaron temas de seguridad, desapariciones e investigaciones de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el reporte publicado por Punto Norte, diez legisladores se retiraron antes de que terminara la comparecencia y una diputada no acudió desde el inicio. Al momento de la clausura permanecían 14 integrantes de la XXV Legislatura.
El episodio adquiere otra dimensión al revisar cuánto dinero público utiliza el Poder Legislativo.
El proyecto presupuestal para 2026 contempló originalmente 871 millones 687 mil 582 pesos para el Congreso del Estado. En abril, las propias diputaciones aprobaron una reducción de 52 millones 648 mil 55 pesos, por lo que el presupuesto quedó en aproximadamente 819 millones de pesos.
Dividido únicamente como referencia entre los 25 escaños, ese presupuesto equivale a alrededor de 32.8 millones de pesos anuales por diputación. La cifra no representa el sueldo individual de cada legislador —incluye personal, operación, servicios y demás gastos institucionales del Congreso—, pero permite dimensionar el costo de mantener funcionando al Poder Legislativo.
Diez se fueron antes y una no llegó
Según la información publicada por Punto Norte, entre quienes abandonaron la sesión antes de concluir estuvieron las diputadas y diputados Michelle Tejeda, Jaime Cantón, Alejandra Ang, Norma Peñaloza, Gloria Miramontes, Gabriela Ponce, Diego Lara Arregui y Dunnia Montserrat Murillo, de Morena.
También se retiraron antes de la clausura Alejandrina Corral y Diego Echevarría, del PAN.
Por separado, Michel Sánchez no habría asistido desde el inicio de la sesión, con lo que fueron 11 las diputaciones que no estuvieron durante toda la comparecencia.
La comparecencia correspondió al análisis del Tercer Informe Anual de Actividades de la Fiscalía General del Estado, documento entregado formalmente al Congreso en agosto. El registro oficial legislativo confirma la recepción del informe presentado por María Elena Andrade.
Solo 14 llegaron a la clausura
Al término permanecieron Daylín García, Yolanda Gaona, Yohana Hinojosa Gilvaja, Adriana Padilla, Humberto Valle Ballesteros, Bryan Castillo y Teresita Ruiz, además de Maythé Méndez, Juan Manuel Molina, Evelyn Sánchez, Danny Fidel Mogollón, Jesús Daniel Razo y Julia Andrea González, según la relación difundida.
A ellos se sumó Eligio Valencia, quien, de acuerdo con el mismo reporte, estuvo ausente durante buena parte de la comparecencia y regresó aproximadamente 20 minutos antes de finalizar.
La jornada no fue menor. Durante la exposición de la fiscal se discutieron desapariciones, investigaciones relacionadas con corporaciones policiales y resultados de la dependencia. Otro reporte periodístico de la comparecencia documentó cuestionamientos sobre personas desaparecidas y las investigaciones que mantiene abiertas la institución.
Reclamo desde los colectivos
La conducta de algunos legisladores también generó inconformidad entre asistentes.
Punto Norte reportó que durante distintos momentos de la sesión hubo diputados utilizando sus teléfonos celulares o conversando mientras se desarrollaba la comparecencia.
Gonzalo Moreno, integrante de la Célula de Búsqueda e Investigación de Desaparición Forzada de Baja California, cuestionó públicamente la actitud de los representantes populares al finalizar su participación.
El contexto vuelve relevante la discusión sobre rendición de cuentas dentro del propio Congreso. No se trató de una ceremonia protocolaria ordinaria, sino del ejercicio mediante el cual la Fiscalía debe responder ante el Poder Legislativo por sus resultados y decisiones.
Y ahí aparece la contradicción que deja la jornada: el Congreso exige cuentas a otras instituciones mientras parte de sus integrantes no permaneció hasta el final del ejercicio diseñado precisamente para rendirlas.
La cifra
$819 millones aproximadamente
Presupuesto del Congreso de Baja California para 2026 después del recorte aprobado en abril.
25 diputados
11 no completaron la comparecencia
14 estuvieron presentes al cierre
La remuneración individual también forma parte de la discusión sobre el costo legislativo. Información pública recopilada durante 2026 sitúa la dieta bruta de un diputado local alrededor de 84 mil pesos mensuales, aunque el costo institucional de una legislatura es considerablemente mayor que las dietas de sus integrantes. El portal de transparencia del propio Congreso mantiene como obligación publicar remuneraciones, prestaciones, dietas y compensaciones.
