Tijuana, Baja California, 14 de julio de 2026.- La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana suspendió de manera provisional a una agente de la Policía Municipal que participó en la intervención ocurrida durante una ceremonia de graduación el pasado 7 de julio, cuando una madre de familia denunció que se le impidió ingresar al plantel educativo. La medida fue dictada mientras continúa la investigación administrativa sobre la actuación policial.
El caso cobró relevancia después de que videos del incidente circularan ampliamente en redes sociales, generando cuestionamientos sobre el proceder de los elementos municipales y el uso de los protocolos de actuación en un evento escolar.
De acuerdo con la información dada a conocer por la Sindicatura Procuradora, la suspensión cautelar fue determinada tras la revisión de los primeros elementos de la investigación, entre ellos un oficio recibido el 8 de julio que advierte un presunto incumplimiento de procedimientos establecidos para la intervención policial.
La autoridad municipal precisó que la investigación busca establecer si la actuación de la agente se realizó conforme a la legislación vigente, los protocolos institucionales y con perspectiva de género, aspectos que forman parte de la revisión administrativa iniciada de oficio tras conocerse públicamente los hechos.
Entre la documentación reunida hasta el momento existen indicios que ubican a la agente suspendida como una de las participantes en la intervención realizada durante la ceremonia de graduación. Sin embargo, la Sindicatura aclaró que la medida no representa una determinación sobre su responsabilidad administrativa.
La suspensión provisional tiene carácter preventivo y pretende evitar que la permanencia de la servidora pública en funciones pueda influir en el desarrollo de las diligencias o en la integración del expediente. Durante el procedimiento también deberán respetarse los derechos laborales y el debido proceso de la agente investigada.
El caso abrió nuevamente el debate sobre la actuación policial en espacios escolares y la importancia de que las intervenciones de las corporaciones de seguridad se apeguen estrictamente a los protocolos, especialmente cuando involucran a madres, padres de familia, menores de edad y eventos educativos.
Para la ciudadanía, el avance de esta investigación será un indicador sobre la capacidad de las instituciones municipales para revisar el desempeño de sus propios elementos cuando existen señalamientos públicos. Especialistas en rendición de cuentas han señalado que las medidas cautelares permiten proteger la investigación, pero el resultado final dependerá de las pruebas que se integren al expediente y de la resolución administrativa correspondiente.
Hasta el momento, la Sindicatura no ha informado el plazo en el que concluirá la investigación ni si existen otros servidores públicos bajo revisión por los hechos ocurridos durante la graduación.
