Mexicali, Baja California, domingo 17 de mayo de 2026.- La diputada Alejandra Ang Hernández presentó una iniciativa para endurecer la supervisión de estancias, albergues y centros de asistencia social privados que atienden a niñas, niños y adolescentes en Baja California. La propuesta plantea renovar cada año las licencias de operación y reforzar los requisitos de seguridad, infraestructura y capacitación del personal.

La iniciativa busca reformar la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, con el propósito de establecer revisiones periódicas a los establecimientos privados dedicados al cuidado infantil.

De acuerdo con la legisladora, el crecimiento de este tipo de servicios en el estado ha incrementado la necesidad de vigilancia y verificación constante de las condiciones en las que operan guarderías, albergues y centros de atención.

La propuesta contempla que las instituciones deban acreditar anualmente el cumplimiento de medidas legales y de seguridad para mantener vigente su licencia de funcionamiento. Entre los aspectos a revisar se encuentran las condiciones de infraestructura, equipamiento, protocolos internos y la preparación del personal encargado del cuidado de menores.

Alejandra Ang señaló que la renovación anual de permisos no debe considerarse una carga administrativa, sino una herramienta preventiva para reducir riesgos y garantizar espacios seguros para la niñez bajacaliforniana.

La legisladora también indicó que en Baja California se han reportado incidentes en algunos centros de atención infantil privados relacionados con presunta negligencia, falta de supervisión y posibles casos de maltrato, situaciones que han generado preocupación entre madres, padres de familia y estudiantes.

Explicó que parte de esta inquietud surgió recientemente durante un Laboratorio de Iniciativas Ciudadanas organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, donde jóvenes universitarios expresaron su preocupación por la regulación y vigilancia de las instituciones privadas dedicadas al cuidado infantil.

Posteriormente, durante un foro convocado por el Congreso del Estado para revisar y actualizar la Ley de Participación Ciudadana, nuevamente se planteó la necesidad de fortalecer la supervisión sobre centros de asistencia social privada en la entidad.

La propuesta legislativa también pretende fortalecer la capacidad institucional de inspección y mantener un padrón actualizado de los establecimientos que brindan atención a menores en Baja California.

En caso de avanzar en el proceso legislativo, las instituciones privadas tendrían que someterse a revisiones periódicas para comprobar que cumplen con las disposiciones establecidas en materia de protección civil, seguridad y atención adecuada para niñas, niños y adolescentes.

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