Mexicali, Baja California, 21 de julio de 2026.- Una iniciativa presentada en el Congreso de Baja California busca que todos los cuerpos policiacos y de seguridad del estado estén obligados por ley a actuar con perspectiva de género durante sus intervenciones. La propuesta pretende modificar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana para incorporar este principio como parte de las obligaciones de las corporaciones.
El cambio busca atender un vacío legal que, de acuerdo con la iniciativa promovida por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, actualmente permite que la aplicación de la perspectiva de género dependa de lineamientos internos o de la interpretación de cada institución, sin una obligación expresa establecida en la legislación estatal.
De aprobarse, el nuevo marco legal obligaría a que la actuación policial considere las condiciones particulares de mujeres, niñas, adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad durante la atención de denuncias, operativos, detenciones o cualquier intervención relacionada con la seguridad pública.
Uno de los argumentos centrales de la propuesta es que la ausencia de una disposición clara ha generado diferencias en la forma en que distintas corporaciones atienden casos similares. Según la exposición de motivos, esta situación puede derivar en prácticas discriminatorias, revictimización de personas afectadas y falta de criterios homogéneos para evaluar el desempeño de los elementos de seguridad.
Actualmente existen dependencias que cuentan con manuales o protocolos sobre atención con perspectiva de género. Sin embargo, la legisladora sostiene que esos instrumentos administrativos no tienen el mismo alcance que una disposición legal, por lo que su aplicación puede variar entre instituciones o administraciones.
La reforma también busca armonizar la legislación de Baja California con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y atención diferenciada. De esta manera, el principio dejaría de ser una recomendación para convertirse en una obligación jurídica dentro del sistema estatal de seguridad.
Además del cambio legal, la iniciativa plantea que esta modificación pueda abrir la puerta a futuras acciones, como procesos obligatorios de capacitación y certificación para los elementos de seguridad, la creación de unidades especializadas y mecanismos externos para revisar el cumplimiento de los protocolos.
Para la ciudadanía, el posible impacto de la reforma radica en establecer reglas más claras sobre cómo deben actuar las corporaciones frente a víctimas de violencia o personas en condiciones de vulnerabilidad. También podría ofrecer mayores herramientas para exigir el cumplimiento de esos estándares y presentar denuncias cuando se considere que la actuación policial no respetó los principios establecidos por la ley.
Por ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones legislativas correspondientes antes de ser sometida a votación en el Pleno del Congreso. En caso de ser aprobada, Baja California incorporaría de manera expresa la perspectiva de género como uno de los principios rectores de la actuación de sus instituciones de seguridad pública.
