Tijuana, Baja California, 27 de octubre de 2026.— La síndica procuradora de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, advirtió que continuar retrasando la transferencia del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) al Gobierno del Estado podría generar responsabilidades administrativas para las autoridades municipales, debido a las disposiciones legales y requerimientos que existen desde 2020.
La funcionaria explicó que el Ayuntamiento recibió en mayo una notificación de la autoridad estatal en materia ambiental para avanzar en el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el sistema de transporte.
De acuerdo con Balderas Beltrán, la transferencia dejó de ser únicamente una decisión política o de voluntad administrativa, pues considera que existe una obligación jurídica que las administraciones municipales deben atender.
“Más que de voluntad de no dejar que esto se alargue, es que jurídicamente ya se tiene que hacer”, sostuvo.
La síndica señaló que, desde su interpretación, las administraciones que no atendieron las disposiciones emitidas a partir de 2020 podrían haber incurrido en omisiones administrativas. Sin embargo, no informó sobre una resolución firme que establezca responsabilidades individuales.
Una negociación con implicaciones millonarias
El proceso para resolver la situación del SITT incluye negociaciones relacionadas con reclamaciones económicas derivadas de contratos y litigios vinculados con la operación del sistema.
El 14 de septiembre, el Cabildo de Tijuana autorizó negociar un convenio con la empresa SITT de Tijuana, S.A. de C.V., para buscar una solución a dos procedimientos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
El acuerdo establece que el monto base negociado no podrá superar el 50 por ciento del valor actualizado de las reclamaciones de la empresa y contempla la posibilidad de cubrir el pago hasta en 120 mensualidades, equivalentes a diez años.
Este límite no representa una cantidad previamente aprobada ni significa que el Ayuntamiento ya haya asumido una obligación definitiva de pago.
Durante sus declaraciones, Balderas Beltrán se refirió a una cantidad cercana a los mil millones de pesos, aunque precisó que cualquier esquema deberá considerar la suficiencia presupuestaria del municipio.
“Siempre va a procurar que el patrimonio del Ayuntamiento esté salvaguardado”, expresó al explicar la función que desempeñará la Sindicatura durante el procedimiento.
La funcionaria indicó que su intervención será particularmente relevante cuando las áreas responsables presenten las condiciones definitivas del convenio, momento en el que podrá formular las observaciones jurídicas y administrativas correspondientes.
Burgueño asegura que no existe un monto definitivo
Por su parte, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, defendió las acciones emprendidas por su administración y sostuvo que mantener sin resolver la situación del SITT prolongaría un problema que ha trascendido varios gobiernos municipales.
El alcalde recordó que el proyecto representó una inversión pública superior a los mil millones de pesos y que no consiguió los resultados esperados.
Señaló que su administración busca una solución que permita superar los conflictos jurídicos y avanzar en la reorganización del sistema de transporte.
Burgueño también aclaró que la autorización de Cabildo no representa la aprobación de una cantidad definitiva.
“No hay ni siquiera un monto específico”, afirmó al referirse al estado de las negociaciones.
El presidente municipal aseguró que informará sobre los avances y las condiciones que eventualmente se establezcan para concretar el acuerdo.
¿Por qué el SITT debe pasar al Gobierno del Estado?
La Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, publicada en marzo de 2020, estableció las bases para reorganizar las atribuciones sobre el transporte público y concentrar su regulación en el ámbito estatal.
Su artículo décimo cuarto transitorio contempla que el municipio de Tijuana mantenga la administración del SITT mientras no se formalicen los convenios necesarios para transferirlo al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California (IMOS).
La disposición también mantiene vigentes los instrumentos jurídicos existentes, incluidos contratos, créditos, fideicomisos y convenios relacionados con el organismo.
Esto significa que el traslado administrativo del sistema no elimina automáticamente sus obligaciones financieras ni resuelve los litigios pendientes.
Aunque en 2022 se reportó la firma de un acuerdo de transferencia, los conflictos contractuales han impedido concluir el proceso.
El patrimonio municipal, bajo revisión
Uno de los principales aspectos pendientes es determinar cuánto podría pagar finalmente el Ayuntamiento y bajo qué condiciones.
El convenio autorizado por Cabildo contempla que cualquier acuerdo deberá resolver las reclamaciones relacionadas con los juicios y obtener la validación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
También deberá establecer las condiciones para terminar el contrato de operación del Subsistema 1 sin interrumpir el servicio de transporte público.
La participación de Sindicatura será fundamental para revisar la legalidad del procedimiento, la suficiencia presupuestaria y las obligaciones que eventualmente asumiría el municipio.
En términos prácticos, el impacto sobre las finanzas públicas dependerá de la cantidad negociada, los plazos de pago y los posibles costos financieros asociados.
¿Qué falta para resolver el problema?
El Ayuntamiento todavía debe definir las condiciones jurídicas y económicas del convenio, establecer el monto final y obtener las validaciones correspondientes.
También deberá precisar cómo se garantizará la continuidad del servicio y qué responsabilidades financieras conservará el municipio después de la transferencia.
Por ahora, la advertencia de la síndica y las declaraciones del alcalde coinciden en la necesidad de atender el problema, aunque el alcance de las posibles responsabilidades administrativas y el costo definitivo de la solución permanecen pendientes de definición.
La principal interrogante es si el acuerdo permitirá cerrar los litigios sin generar nuevas obligaciones que comprometan las finanzas municipales durante los próximos años.
