Mexicali, Baja California, 9 de abril de 2025.– El Congreso local recibió este miércoles una iniciativa que busca actualizar el marco legal contra la delincuencia tecnológica. El diputado Ramón Vázquez Valadez propuso reformar el artículo 319 del Código Penal del estado para castigar con mayor contundencia el uso indebido de sistemas de videograbación, drones, antenas, dispositivos de rastreo GPS y otros artefactos tecnológicos cuando su finalidad sea la comisión de delitos.
Actualmente, la legislación penal contempla penas de uno a seis años de prisión, así como multas económicas, para quienes utilicen sin autorización elementos exclusivos de las corporaciones policiales, como uniformes, insignias, vehículos o sistemas de comunicación, con fines delictivos o para obtener beneficios indebidos.
La reforma presentada por Vázquez Valadez plantea extender esas mismas sanciones a quienes instalen o manipulen equipos tecnológicos como cámaras de videovigilancia o drones con fines criminales. Estos dispositivos, explicó el legislador, han sido cada vez más detectados en operaciones ligadas a grupos del crimen organizado en distintas regiones del estado.
Además, el proyecto de ley contempla un agravante: si el responsable es o fue servidor público o miembro de una corporación de seguridad, la pena podría aumentar hasta en una tercera parte, siempre que el delito se cometa dentro del año posterior al término de su cargo o función.
El legislador argumentó que la delincuencia organizada ha sofisticado sus métodos operativos en las últimas décadas, adoptando tecnologías que les permiten mejorar sus estrategias de vigilancia, seguimiento y control territorial. Con esta propuesta, el Congreso estatal busca cerrar vacíos legales y limitar el uso de herramientas tecnológicas para fines ilícitos.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, en espera de avanzar hacia un marco normativo más acorde con los desafíos actuales en materia de seguridad pública.
