Mexicali, Baja California, 18 de octubre de 2026..- Las universidades privadas de Baja California que obstaculicen la titulación de sus estudiantes podrían enfrentar multas de hasta 821 mil pesos, de acuerdo con una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado por la diputada de Morena, María Teresa “Maythé” Méndez Vélez.
La propuesta busca impedir que instituciones de educación superior se nieguen a tramitar títulos profesionales, retrasen injustificadamente su expedición o condicionen la entrega de documentos académicos al pago de cantidades que no estén autorizadas en sus planes y programas educativos.
De acuerdo con la legisladora, en Baja California operan alrededor de 60 instituciones privadas de educación superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Sin embargo, señaló que existen casos de egresados que, pese a haber concluido sus estudios y cumplido los requisitos correspondientes, enfrentan dificultades para obtener su título.
Algunas de estas situaciones, explicó, han obligado a los afectados a recurrir a procedimientos judiciales para exigir que las universidades cumplan con sus obligaciones.
¿Qué prácticas podrían sancionarse?
La iniciativa plantea modificar la fracción XXVI del artículo 126 de la Ley de Educación de Baja California para contemplar expresamente como infracciones la omisión del trámite de certificados, constancias, diplomas y títulos académicos, así como los cobros no autorizados que condicionen su obtención.
Esto significa que una institución no podría imponer pagos adicionales ajenos a los conceptos legalmente autorizados como requisito para entregar documentación a quienes hayan cumplido con sus obligaciones académicas y administrativas.
La propuesta no elimina los costos de titulación legalmente establecidos, sino que busca evitar cobros indebidos y obstáculos injustificados.
Multas de 117 mil a 821 mil pesos
Las sanciones económicas contempladas en la legislación estatal van de mil a siete mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Con el valor diario de la UMA vigente en 2026, establecido en 117.31 pesos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las cantidades equivalen a:
- Multa mínima: 117 mil 310 pesos.
- Multa máxima: 821 mil 170 pesos.
Estos montos corresponden al rango de sanciones previsto en la legislación y no representan multas que ya se estén aplicando por las conductas que la iniciativa pretende incorporar.
INEGI
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La titulación puede reclamarse por la vía judicial
Como parte de la justificación jurídica, Méndez Vélez retomó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconocen que, en determinadas circunstancias, una universidad privada puede ser considerada autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando omite tramitar o entregar un título profesional.
Este criterio permite que, bajo las condiciones jurídicas correspondientes, una persona egresada pueda acudir a la justicia federal para reclamar una omisión que afecte sus derechos.
La diputada sostuvo que quienes concluyen una carrera y satisfacen los requisitos académicos deben contar con la posibilidad de acreditar formalmente su preparación, sin enfrentar obstáculos injustificados de la institución en la que estudiaron.
La falta de un título profesional puede dificultar el acceso a empleos que exigen acreditar estudios superiores, la realización de trámites profesionales y la continuación de estudios de especialización o posgrado.
¿Qué sigue para la iniciativa?
La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología del Congreso de Baja California, donde deberá analizarse antes de una eventual discusión y votación legislativa.
Por ahora, se trata de una iniciativa y no de una reforma aprobada. Su presentación no significa que las nuevas conductas propuestas ya estén incorporadas al catálogo de infracciones de la legislación estatal.
En caso de avanzar, la modificación buscaría establecer consecuencias administrativas específicas para las instituciones privadas que incumplan sus obligaciones relacionadas con la documentación académica de sus egresados.
Mientras tanto, los estudiantes que enfrenten problemas con sus trámites de titulación pueden reunir sus comprobantes académicos, solicitudes de trámite, recibos de pago y comunicaciones con la institución, a fin de contar con documentación que respalde una eventual queja o reclamación.
