Mexicali, Baja California, jueves 25 de junio de 2026.- Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado propone reforzar la protección legal de los parques, jardines y áreas verdes municipales para evitar que estos espacios sean vendidos, desincorporados o destinados a proyectos distintos a aquellos para los que fueron creados.
La propuesta fue presentada por el diputado Diego Alejandro Lara Arregui mediante reformas a la Ley General de Bienes y a la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California. El planteamiento busca que las áreas verdes que formen parte del patrimonio de los municipios, especialmente las derivadas de procesos de urbanización, conserven de manera permanente su vocación como espacios públicos de recreación y convivencia.
De aprobarse, los municipios tendrían mayores restricciones para modificar el destino de estos predios, con el propósito de que continúen disponibles para el uso de la población y no puedan incorporarse a otros proyectos de desarrollo urbano.
El legislador señaló que el crecimiento de las ciudades hace necesario fortalecer la planeación urbana y preservar espacios abiertos que contribuyan al bienestar colectivo. Expuso que las áreas verdes forman parte de la infraestructura social de las comunidades, ya que favorecen la convivencia entre vecinos, ofrecen espacios para actividades deportivas y recreativas, además de aportar beneficios ambientales.
La iniciativa también destaca que estos lugares ayudan a garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano y representan entornos seguros para niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y familias.
Uno de los puntos centrales de la propuesta consiste en reconocer legalmente áreas verdes por su uso social consolidado. Esto permitiría proteger espacios que, aunque aún no cuenten con todos los procesos administrativos concluidos, hayan sido utilizados de manera constante por la comunidad para actividades recreativas, deportivas, culturales o de convivencia.
Para ello, se plantea un procedimiento que incluiría la integración de un expediente técnico, la realización de consultas ciudadanas y la incorporación de estos espacios a la cartografía oficial de cada municipio. La intención es brindarles certeza jurídica y reducir el riesgo de que pierdan su función pública.
La iniciativa surgió a partir de inquietudes expresadas por habitantes de la colonia Ampliación Moderna, en Ensenada, quienes manifestaron preocupación por la posible desincorporación de un predio utilizado como parque comunitario. El legislador retomó esa demanda ciudadana como parte del proyecto de reforma.
De concretarse, los cambios podrían tener impacto en municipios como Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe, donde el crecimiento urbano mantiene una presión constante sobre el uso del suelo.
Desde una perspectiva ciudadana, la discusión gira en torno al equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación de espacios públicos. Los parques y áreas verdes no solo representan lugares de recreación, sino también infraestructura ambiental que ayuda a mejorar la calidad de vida, reduce el impacto del calor en las ciudades y fortalece la convivencia comunitaria.
La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en el Congreso de Baja California antes de que pueda ser discutida y, en su caso, aprobada.
