Tijuana, Baja California, 15 de julio de 2026.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda acusó al exmandatario Jaime Bonilla Valdez de haberla engañado mediante una supuesta reunión con representantes de Estados Unidos para abordar el retiro de su visa de turista. El encuentro ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en Tijuana y derivó en una llamada cuyos audios fueron difundidos recientemente por medios nacionales.
La mandataria sostuvo que aceptó el acercamiento por recomendación de Bonilla y que actuó de buena fe. Según su versión, el exgobernador le propuso reunirse con un asesor que presuntamente tenía contacto con funcionarios o representantes estadounidenses capaces de orientarla sobre su situación migratoria.
Durante aquella reunión, el intermediario realizó una llamada telefónica con personas que se presentaron como representantes del vecino país. En la conversación, aseguró Ávila Olmeda, le hablaron de supuestos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero.
La gobernadora señaló que esa información la tomó por sorpresa y que sus preguntas, ahora conocidas a través de los audios, respondieron a la necesidad de entender las acusaciones que le estaban planteando.
Ávila Olmeda rechazó que la grabación demuestre alguna conducta irregular. Argumentó que los fragmentos publicados fueron editados y presentados sin el contexto completo de la conversación.
También afirmó que el episodio fue un montaje preparado por una persona enviada por Jaime Bonilla. Atribuyó la presunta maniobra a una venganza política relacionada con el conflicto por la planta fotovoltaica impulsada durante la anterior administración estatal.
Las acusaciones de la gobernadora representan una nueva escalada en la confrontación entre ambos políticos. Sin embargo, hasta ahora, la versión expuesta públicamente se sustenta en el relato de Ávila Olmeda y en los audios difundidos. No se ha revelado la identidad del intermediario ni se han presentado pruebas públicas que permitan confirmar quiénes participaron en la llamada.
La mandataria adelantó que su equipo jurídico analiza posibles acciones legales por la grabación, difusión y eventual manipulación del material. No precisó contra quién se dirigirían esas medidas ni qué delitos podrían denunciarse.
De acuerdo con su testimonio, las personas que participaron en la llamada nunca se comunicaron con Michael Nadler, abogado al que recurrió después de perder su visa. Tampoco se concretó una reunión presencial posterior con representantes estadounidenses.
Ávila Olmeda reconoció además que, después del retiro de su visa en mayo de 2025, ingresó una vez a Estados Unidos mediante un permiso migratorio para asistir a una reunión institucional en San Diego.
El señalamiento resulta relevante para Baja California por la relación cotidiana de funcionarios, empresas y ciudadanos con Estados Unidos. La situación migratoria de la titular del Ejecutivo estatal ha generado cuestionamientos debido a la intensidad de la agenda binacional en temas de seguridad, comercio, movilidad y coordinación fronteriza.
La gobernadora insistió en que acudió al encuentro sin temor porque consideraba que no tenía nada que ocultar. También admitió que confió de manera ingenua en la gestión propuesta por su antecesor.
El caso deja pendientes varias preguntas de interés público: quién organizó la llamada, quiénes se presentaron como representantes estadounidenses, si los audios fueron editados y qué información oficial existe sobre el retiro de la visa. Las respuestas requerirán documentos, peritajes y posicionamientos verificables, más allá de las acusaciones políticas.
