ARIZONA.- El 18 de marzo de 2019 un inmigrante indocumentado que cruzaba la frontera por el desierto de Arizona fue interceptado por los ocupantes de una camioneta SUV roja cuando caminaba por una vereda de la reserva indígena de los Tohono O’odham.
“¿Qué haces aquí?”, preguntó en inglés el conductor del vehículo.
El hombre que apenas podía caminar, agotado, sediento y sin entender lo que decían, sacó su teléfono celular y a través de una aplicación para traducir del español al inglés les suplicó: “Help me, please, hospital”.
Le dijeron que subiera a la camioneta para ayudarlo, pero en vez de trasladarlo a un hospital para que lo atendieran, lo llevaron a una casa en la comunidad de Sells, a unas 60 millas al suroeste de Tucson, en Arizona, donde lo mantuvieron secuestrado durante dos días en espera de que sus familiares pagaran cierta cantidad de dinero.
La pareja, identificada como Johnson Ortiz, de 23 años de edad, y Regina Ramón, de 29, le pusieron un cuchillo en el cuello para despojarlo de cartera, identificación y teléfono celular, con el cual utilizaron la misma aplicación de traductor para interrogarlo sobre sus familiares y tratar de extorsionarlos.
A pesar de que el migrante seguía suplicando por atención médica, Johnson y Regina lo encerraron en una habitación.
Dos días después, el hombre se las ingenió para escapar por una ventana y mientras vagaba por las calles del pueblo fue detectado por policías tribales que lo trasladaron a una sala de emergencias para después reportar a la Patrulla Fronteriza del incidente.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) visitaron al migrante en la cama del hospital para interrogarlo y tras escuchar lo sucedido realizaron un operativo para arrestar a Johnson y Regina.
En la vivienda que usaban como “casa de seguridad” para recluir a la fuerza a migrantes mientras sus familiares pagan por la cuota de cruzar la frontera, los agentes federales descubrieron a otros seis indocumentados, uno de ellos menor de edad.
Johnson y Regina fueron sentenciados esta semana a 80 y 60 meses de cárcel respectivamente por su participación en el delito de reclusión de personas para extorsión y poner en peligro la vida de personas.
“Este es otro ejemplo más de los peligros de cruzar ilegalmente la frontera”, declaró Scott Brown, agente especial de HSI en Phoenix. “Los traficantes de personas usan a los migrantes con el único propósito de lucrar y en este caso ignoraron cruelmente la súplica de ayuda de la víctima y siguieron abusando de él para tratar de conseguir más ganancias económicas”.
Fuente: La Opinión
