Ensenada, Baja California, 16 de julio de 2026.- La detención de Ernesto Ruffo Appel no solo sacude al panismo bajacaliforniano. También coloca a Baja California en el centro de una investigación federal sobre el llamado huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de combustible que durante años ha sido señalada como una de las grandes fugas de dinero público en el país.
El exgobernador de Baja California fue detenido este jueves en Ensenada, de acuerdo con reportes nacionales que citan información de la Fiscalía General de la República. La captura estaría relacionada con una orden de aprehensión por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Ruffo Appel gobernó Baja California de 1989 a 1995 y pasó a la historia política nacional como el primer gobernador de oposición en romper décadas de dominio priista en México. Por eso, su detención tiene un peso mayor al de un expediente penal ordinario: toca a una figura simbólica de la transición democrática y reabre preguntas sobre la relación entre poder político, negocios fronterizos y operaciones aduanales.
La investigación federal no apunta al robo tradicional de combustible en ductos, sino al huachicol fiscal. Esta práctica consiste, en términos generales, en ingresar combustible al país mediante maniobras documentales, subregistros, permisos alterados o esquemas aduanales que permiten evadir impuestos. Para el ciudadano, el impacto no es menor: cada litro que entra de forma irregular representa dinero que no llega a las finanzas públicas y una competencia desigual frente a empresas que sí cumplen la ley.
El caso había comenzado a escalar desde 2025, cuando autoridades federales investigaron redes presuntamente dedicadas al contrabando de hidrocarburos y al manejo irregular de grandes volúmenes de combustible. En esos señalamientos apareció el nombre de Ruffo Appel por su relación con empresas vinculadas al sector portuario y energético, entre ellas Ingemar S.A. de C.V.
En septiembre pasado, medios nacionales y locales reportaron que la FGR había colocado bajo la lupa a empresarios, agentes aduanales, funcionarios y exfuncionarios relacionados con operaciones de huachicol fiscal. También se informó sobre un decomiso millonario de combustible en Coahuila, considerado uno de los mayores aseguramientos de hidrocarburos durante la actual administración federal.
Ruffo Appel rechazó en su momento cualquier participación en operaciones ilegales. En declaraciones públicas, sostuvo que su papel estaba relacionado con conocimiento sobre procesos fronterizos y trámites aduanales, no con el manejo ilícito de combustible. También afirmó haber comparecido ante la FGR como testigo y negó estar prófugo o amparado.
Hasta ahora, la detención marca apenas el inicio de una nueva etapa judicial. La FGR deberá presentar al exgobernador ante la autoridad correspondiente, formular los señalamientos concretos y sostenerlos ante un juez. La defensa, por su parte, podrá responder a la imputación y solicitar las medidas legales que considere pertinentes.
El caso debe leerse con presunción de inocencia. Una detención no equivale a una sentencia. Sin embargo, por el perfil del detenido, la naturaleza de los delitos investigados y el contexto fronterizo de Baja California, el expediente ya tiene impacto político, económico y público.
Para Baja California, el fondo de la historia va más allá de un nombre. La pregunta central es hasta dónde llegan las redes que habrían permitido el ingreso irregular de combustible al país, qué autoridades lo facilitaron o lo omitieron, y cuánto dinero dejó de recibir el Estado por operaciones que hoy están bajo investigación.
La detención de Ruffo Appel convierte un caso técnico de aduanas y combustible en un asunto de alto interés público. No solo por quién fue detenido, sino por lo que puede revelar sobre la frontera, los permisos, los negocios energéticos y la manera en que el huachicol fiscal habría operado lejos de los ductos, pero cerca de los centros de decisión.
