Bogotá, 26 de enero de 2025 – Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos atraviesan un momento de alta tensión luego de que el presidente Gustavo Petro rechazara la llegada de dos vuelos militares estadounidenses con migrantes colombianos deportados. Según el mandatario colombiano, estos ciudadanos no estaban siendo tratados con dignidad.
En declaraciones publicadas en su cuenta oficial, Petro aseguró que los Estados Unidos “no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos” y exigió un protocolo de respeto antes de recibirlos. “No puedo permitir que nuestros connacionales sean tratados como criminales. Si van a devolverlos, debe ser con dignidad y en aviones civiles, no militares”, afirmó.
Horas después, el presidente Donald Trump reaccionó a través de sus redes sociales. Calificó la decisión de Petro como un acto que pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos y anunció medidas de represalia. Entre estas, Trump destacó:
• Aranceles del 25 % a todos los productos colombianos, incrementándose al 50 % en una semana.
• Restricciones migratorias, incluyendo la revocación inmediata de visas para funcionarios y simpatizantes del gobierno colombiano.
• Inspecciones reforzadas para nacionales y cargamentos provenientes de Colombia.
Trump también anticipó sanciones financieras y bancarias bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
En respuesta a esta crisis, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado oficial destacando que “los canales diplomáticos se mantendrán abiertos” para garantizar los derechos de los colombianos y la dignidad de los deportados. Asimismo, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña viajarán a Washington en las próximas horas para sostener reuniones de alto nivel que permitan encontrar una solución.
El Gobierno colombiano reiteró su compromiso de recibir a sus connacionales en condiciones dignas, respetando sus derechos humanos. El presidente Petro ordenó el uso del avión presidencial para facilitar el retorno de los deportados desde los Estados Unidos, asegurando que su bienestar y trato adecuado son una prioridad.
El desenlace de esta disputa sigue siendo incierto, pero ambos países parecen mantener la intención de negociar una solución que evite mayores tensiones.
