Mexicali, Baja California, 1 de abril de 2026.- El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad un acuerdo para abrir un proceso de diálogo directo con el magisterio y la burocracia estatal, con el fin de construir las leyes secundarias en materia de pensiones y jubilaciones, en el contexto de la reforma al artículo 127 de la Constitución Mexicana.
La decisión fue impulsada por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y responde a inquietudes expresadas por trabajadores, jubilados y pensionados, quienes han manifestado preocupación por posibles afectaciones a sus derechos adquiridos.
Previo a la aprobación del acuerdo, diputaciones sostuvieron encuentros con distintos grupos de jubilados y pensionados. Durante estas reuniones, se recopilaron propuestas y planteamientos que serán considerados en el proceso de armonización legislativa a nivel estatal.
El Congreso estableció un plazo máximo de 90 días naturales para recibir opiniones formales de los sectores involucrados. Este proceso se realizará mediante mesas de trabajo y sesiones públicas, con el objetivo de definir los alcances de la legislación secundaria y garantizar que no se vulneren derechos laborales previamente reconocidos.
El acuerdo también contempla gestionar un acercamiento entre representantes del magisterio federal, burócratas y trabajadores de organismos paraestatales con legisladores federales de Baja California. La intención es dar seguimiento a la construcción de la legislación secundaria a nivel nacional.
Como parte de la discusión, el Pleno aprobó una reserva que precisa que la reforma al artículo 127 constitucional no aplica a trabajadores de base, pensionados y jubilados del magisterio estatal, ni a la burocracia afiliada al ISSSTECALI.
Esta definición busca brindar certeza jurídica en el proceso de armonización local, al establecer que los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los trabajadores deberán respetarse plenamente en las disposiciones que se emitan.
El Congreso local señaló que el diálogo abierto permitirá integrar las voces de los sectores involucrados y fortalecer la construcción de un marco normativo claro en materia de pensiones, en línea con la reforma constitucional federal.
