Tijuana, Baja California, 21 de julio de 2026.- Un video que presuntamente muestra a un elemento de la Policía Municipal de Tijuana recibiendo dinero de un ciudadano derivó en la suspensión inmediata del agente y en el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó este lunes la Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento.
Las imágenes, difundidas en redes sociales por el medio Noticias de Tijuana, muestran lo que aparenta ser la entrega de efectivo al interior de una patrulla. Tras la publicación del material, la autoridad municipal confirmó que el elemento involucrado fue separado de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con la información difundida por la síndica procuradora, Teresita Balderas, el expediente también fue turnado a la Fiscalía General del Estado para que determine si los hechos podrían constituir el delito de cohecho u otra conducta prevista en el Código Penal de Baja California.
La funcionaria señaló que la investigación no se limita al policía municipal. También alcanzará al ciudadano que aparece en el video, debido a que el delito de cohecho puede involucrar tanto al servidor público que recibe un beneficio indebido como a la persona que presuntamente lo ofrece o entrega.
Hasta el momento, la autoridad no ha informado la identidad del agente suspendido, el lugar exacto donde ocurrieron los hechos ni la fecha en que fue grabado el video. Tampoco se ha precisado el monto del dinero que aparece en las imágenes ni si existía previamente una denuncia formal relacionada con el caso.
La suspensión del elemento es una medida administrativa que busca evitar que interfiera en las investigaciones. Sin embargo, ello no implica una resolución definitiva sobre su responsabilidad, la cual deberá determinarse conforme avancen las indagatorias y, en su caso, mediante el proceso legal correspondiente.
El caso vuelve a colocar el tema de la confianza ciudadana en las corporaciones policiales sobre la mesa. Organizaciones civiles y especialistas en seguridad han señalado en distintas ocasiones que la difusión de evidencias en video puede acelerar la actuación de las autoridades, aunque insisten en que cada expediente debe resolverse con investigaciones completas y respetando el debido proceso.
Para la ciudadanía, este tipo de procedimientos representa una prueba sobre la capacidad de las instituciones para responder con rapidez cuando existen señalamientos públicos contra servidores públicos. También refleja la importancia de documentar y denunciar posibles actos de corrupción mediante los canales oficiales, ya que la evidencia audiovisual puede convertirse en un elemento relevante dentro de una investigación penal y administrativa.
La Fiscalía General del Estado será la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para judicializar el caso o deslindar responsabilidades, mientras que la Sindicatura continuará con el procedimiento administrativo correspondiente.
