Mexicali, Baja California, martes 26 de mayo de 2026.- El Congreso de Baja California aprobó un exhorto para solicitar información detallada sobre los programas de prevención y atención de adicciones en la entidad, luego de que la diputada Daylín García Ruvalcaba advirtiera que el consumo de sustancias se ha convertido en una crisis de salud pública y seguridad que requiere una respuesta urgente y coordinada.
Durante su intervención ante el Pleno, la legisladora señaló que Baja California registra niveles de consumo de drogas superiores al promedio nacional. Indicó que más del 22 por ciento de las juventudes del estado han consumido o consumen actualmente algún tipo de sustancia, mientras que el uso de metanfetaminas y opioides sintéticos, como el fentanilo, mantiene una tendencia preocupante.
La diputada sostuvo que las adicciones ya no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva de la salud, debido a que también impactan en la seguridad pública, la estabilidad familiar y el tejido social. Explicó que diversos problemas, entre ellos la violencia intrafamiliar, los delitos patrimoniales, la deserción escolar y el deterioro de comunidades, guardan relación con el consumo de sustancias.
En ese contexto, destacó que numerosos centros de rehabilitación operan con altos niveles de ocupación y que muchas familias enfrentan dificultades para acceder a espacios públicos gratuitos donde recibir atención especializada. Esta situación, dijo, refleja la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para responder a una problemática que afecta a miles de personas en la entidad.
Como parte del exhorto aprobado, se solicitó al secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Marillas, presentar un informe detallado sobre las acciones vigentes para prevenir y atender las adicciones. El documento deberá incluir información sobre el presupuesto asignado y ejercido, la infraestructura disponible, la cobertura territorial de los programas, el número de beneficiarios y los mecanismos utilizados para evaluar resultados.
Asimismo, el Congreso pidió al secretario de Hacienda del Estado, José Andrés Pulido Saavedra, informar si dentro del Presupuesto de Egresos 2026 existen recursos específicamente etiquetados para programas relacionados con la prevención y el tratamiento de adicciones.
La propuesta también plantea la elaboración de un plan integral estatal encabezado por el Gobierno de Baja California, en coordinación con las secretarías de Salud, Seguridad Ciudadana y Educación, además del Instituto de Psiquiatría del Estado. Entre las acciones consideradas se encuentra el fortalecimiento de la atención en salud mental, la ampliación de los centros públicos de tratamiento y el respaldo a espacios comunitarios que actualmente trabajan con personas en procesos de rehabilitación.
Otro de los puntos aprobados contempla la participación de los siete ayuntamientos del estado. La intención es impulsar programas municipales de prevención temprana en escuelas, centros comunitarios y colonias donde se registren mayores índices de consumo, con la finalidad de intervenir antes de que el problema se agrave.
La discusión ocurre en un momento en que las autoridades de Baja California enfrentan retos crecientes asociados al consumo de drogas sintéticas, especialmente en ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali, donde la cercanía con Estados Unidos y las dinámicas del narcotráfico han colocado el tema en el centro de las preocupaciones de salud y seguridad.
Con el exhorto aprobado, el Congreso busca obtener un diagnóstico más preciso sobre los recursos, programas y estrategias actualmente disponibles para enfrentar una problemática que continúa impactando a miles de familias bajacalifornianas.
