Ciudad de México, martes 26 de mayo de 2026.- La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que esta semana el Congreso de la Unión discutirá una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear un mecanismo que permita identificar posibles riesgos relacionados con actividades delictivas en aspirantes a cargos de elección popular antes de que sean postulados por los partidos políticos.
Durante un mensaje difundido desde Palacio Nacional, Alcalde explicó que la propuesta contempla la creación de una comisión dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por cinco consejeras y consejeros electorales, encargada de recibir listas de aspirantes que los partidos políticos decidan presentar voluntariamente para su revisión.
La comisión tendría la facultad de consultar información disponible en diversas instancias de seguridad e inteligencia del Estado mexicano. Entre ellas se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otras dependencias que cuenten con datos relevantes para evaluar posibles riesgos.
De acuerdo con la explicación de la funcionaria federal, el objetivo es que los partidos dispongan de más elementos antes de definir a las personas que contenderán por gubernaturas, alcaldías, diputaciones y otros cargos de elección popular. La información obtenida sería entregada a los institutos políticos para que estos tomen una decisión sobre sus postulaciones.
La propuesta no contempla que la comisión pueda bloquear candidaturas ni emitir resoluciones obligatorias. La decisión final seguiría correspondiendo a cada partido político, incluso en los casos en que la consulta arroje información considerada relevante por las autoridades.
Alcalde señaló que, en caso de detectarse indicios que ameriten una investigación, las instituciones competentes continuarían con los procedimientos correspondientes dentro de sus atribuciones legales.
Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es que las consultas serían opcionales. Ningún partido estaría obligado a presentar listas de aspirantes para revisión ni a seguir las recomendaciones derivadas de la información recabada. La responsabilidad sobre la selección de candidaturas permanecería en manos de cada fuerza política.
La consejera jurídica agregó que quienes aspiren a competir por un cargo público deberán tener presente que sus nombres podrían ser revisados por las autoridades de seguridad para determinar si existe algún riesgo razonable relacionado con posibles actividades delictivas.
La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el gobierno federal de cara al próximo ciclo electoral. De aprobarse durante el proceso legislativo, podría aplicarse en la preparación de las elecciones de 2027, cuando estarán en disputa diversos cargos de elección popular en el país.
El planteamiento llega en un contexto donde la posible infiltración de grupos delictivos en la política ha sido motivo de preocupación para autoridades electorales, organismos de seguridad y partidos políticos. La discusión legislativa permitirá definir los alcances de este mecanismo y el equilibrio entre la prevención, la transparencia y los derechos político-electorales de los aspirantes.
