Ciudad de México, 29 de abril de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió el 28 de abril solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), luego de detectar que los documentos carecen de elementos probatorios suficientes.
De acuerdo con el comunicado oficial, la revisión jurídica realizada por la Cancillería, en el marco del Tratado de Extradición bilateral, determinó que las solicitudes no incluyen pruebas que permitan establecer responsabilidad penal de las personas señaladas. No obstante, el procedimiento continúa conforme a la Ley de Extradición Internacional, por lo que será la FGR la instancia encargada de analizar la viabilidad de los casos bajo el sistema jurídico mexicano.
La dependencia federal precisó que, en este tipo de solicitudes, corresponde a la autoridad ministerial determinar si existen elementos suficientes para proceder con la detención provisional. En paralelo, la SRE anunció que enviará un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos en México por la forma en que se hizo pública la información, al considerar que vulnera disposiciones de confidencialidad previstas en tratados internacionales.
El posicionamiento ocurre luego de que la Embajada de Estados Unidos difundiera una declaración sobre acciones legales emprendidas en el Distrito Sur de Nueva York relacionadas con presuntos vínculos de actores políticos y funcionarios mexicanos con el crimen organizado. En ese contexto, el documento judicial estadounidense —de más de 30 páginas— describe una presunta conspiración internacional para el tráfico de drogas, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetaminas, con operaciones que impactan tanto a México como a Estados Unidos.
Según el expediente, en sus primeras páginas se señala que organizaciones criminales han operado con redes de protección institucional y logística transnacional para introducir narcóticos al territorio estadounidense . El documento detalla acusaciones que involucran a funcionarios públicos, a quienes se les atribuye facilitar operaciones delictivas mediante presuntos actos de corrupción, filtración de información y omisión de funciones.
Tras la difusión del caso, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las imputaciones y aseguró que carecen de sustento. En un posicionamiento público, calificó las acusaciones como falsas y afirmó que se demostrará su falta de fundamento en los procesos legales correspondientes. Además, sostuvo que el señalamiento forma parte de una estrategia política que trasciende su persona.
En respaldo, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió un comunicado en el que expresó su apoyo al mandatario estatal y subrayó que cualquier proceso de extradición debe apegarse estrictamente al Estado de Derecho y a los procedimientos establecidos en la legislación mexicana. El partido también cuestionó que se soliciten detenciones sin pruebas, al considerar que esto vulnera principios básicos del debido proceso.
El episodio abre un nuevo frente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación judicial. Mientras Washington enfatiza el combate al narcotráfico como prioridad compartida, el Gobierno mexicano ha reiterado la necesidad de respetar la soberanía nacional y los marcos legales vigentes.
En este escenario, la FGR será clave para determinar si las solicitudes avanzan o son desestimadas por falta de sustento. El caso también pone en el centro del debate la forma en que se intercambia información entre ambos países y los límites de la cooperación internacional cuando se trata de procesos judiciales en curso.
