Tijuana, 1 de enero de 2026. — El Gobierno de México dio por cerrado el programa que permitió regularizar de forma extraordinaria vehículos usados de procedencia extranjera. La conclusión quedó marcada por un decreto publicado el 31 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual abroga los acuerdos que otorgaban facilidades administrativas para incorporar unidades irregulares al padrón vehicular nacional desde 2022.
El decreto, firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señala que el esquema alcanzó su objetivo principal: otorgar certidumbre jurídica a propietarios de vehículos usados no registrados y presentes en 17 entidades federativas, principalmente en la frontera norte. Según el Registro Público Vehicular, hasta el 25 de noviembre de 2025 se habían regularizado más de 2.9 millones de unidades, cifra que refleja el alcance de las medidas aplicadas durante casi tres años.
Con esta disposición, quedan sin efecto las bases legales emitidas el 18 de octubre de 2021 y el 29 de diciembre de 2022, junto con sus modificaciones posteriores. Estos instrumentos normativos permitieron que autos usados introducidos desde Estados Unidos y Canadá accedieran a un procedimiento simplificado para obtener placas y documentos oficiales, bajo verificación de identidad, seguridad vehicular y pago de contribuciones federales.
La administración federal informó que el cierre del esquema responde a que ya no se considera necesaria la continuidad de beneficios extraordinarios, tras atenderse la problemática que motivó su implementación: la presencia masiva de vehículos sin registro pleno en circulación, con impactos en seguridad pública, movilidad y certeza patrimonial de sus propietarios.
A partir de hoy, la regularización extraordinaria ya no está disponible. Las unidades que no completaron el trámite deberán ajustarse a los procesos ordinarios previstos en la legislación aduanera y fiscal vigente para importaciones definitivas. Las autoridades precisaron que no existen disposiciones que contemplen una nueva fase del programa en el corto plazo.
Los vehículos que lograron ser regularizados antes del cierre mantienen plena validez jurídica y pueden continuar circulando en territorio nacional conforme a las reglas estatales y federales aplicables. De acuerdo con cifras federales, el programa evitó que millones de vehículos permanecieran fuera del registro oficial, reduciendo la posibilidad de uso en delitos y mejorando la trazabilidad para efectos de seguridad y patrimonio familiar.
