Caracas, Venezuela.- El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el jueves la suspensión de las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país, ordenando a sus 13 funcionarios abandonar Venezuela en un plazo de 72 horas. El canciller Yván Gil indicó que también se ordenó una revisión integral de los términos de cooperación técnica con la oficina, firmados en 2019, y se dio plazo a sus funcionarios para salir del país “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.
Esta medida surge en medio de preocupaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos, especialmente tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel. San Miguel fue detenida luego de ser vinculada con una presunta trama para atentar contra la vida de Nicolás Maduro. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su comisionado Volker Türk, manifestó “profunda preocupación” por la detención de San Miguel, destacando que su paradero seguía siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada, e instó a su liberación inmediata.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó las denuncias sobre supuestas violaciones al debido proceso y la presunta desaparición forzada de la activista. Organizaciones de derechos humanos, abogados y familiares de San Miguel denunciaron que desde su detención, el viernes pasado, no ha tenido acceso a su equipo de defensa y ha permanecido incomunicada.
Saab rechazó que se tratara de una desaparición forzada y sostuvo que sobre la activista pesaba una orden de aprehensión desde enero. El Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas fijó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como lugar de reclusión de San Miguel, pero no especificó en cuál de sus sedes.
