Washington, 25 de agosto de 2025.– En una decisión ejecutiva publicada este lunes, la administración ordenó al Departamento de Justicia priorizar la persecución de actos de profanación contra la bandera estadounidense, cuando estos infrinjan leyes neutrales al contenido que respondan a daños no relacionados con la expresión, en consonancia con la Primera Enmienda.
El decreto instruye al fiscal general para que “vigorizadamente” procese violaciones que incluyan discriminación o crímenes violentos relacionados con la bandera, y remita casos que correspondan a autoridades estatales o locales, en ámbitos como incendios, alteración del orden público o daño a la propiedad. Asimismo, ordena a las secretarías de Estado y Seguridad Nacional tomar medidas migratorias —incluyendo revocar visas, permisos de residencia o interrumpir procesos de naturalización— contra extranjeros comprometidos en actos de profanación.
La iniciativa ocurre pese a que la Corte Suprema de EE. UU. reconoció en 1989 que la quema de la bandera es una forma de expresión simbólica protegida por la Constitución. Además, al ordenar perseguir esos actos hasta donde la ley lo permita, el gobierno busca impulsar una revisión judicial de dicho precedente.
Expertos en libertades civiles han manifestado su preocupación: consideran que la orden podría restringir el derecho a la libre expresión y criminalizar formas de protesta simbólica. Organizaciones como FIRE han señalado la imposibilidad de que el Ejecutivo anule una protección constitucional mediante una orden ejecutiva.
En paralelo, la Casa Blanca presentó el mismo día otras órdenes ejecutivas, incluyendo medidas para terminar con el “cashless bail” (liberaciones sin fianza monetaria) y aumentar la supervisión federal sobre Washington, D.C., como parte de una agenda de seguridad pública más amplia.
