Ciudad de México, 5 de abril de 2025.- Totalplay, una de las principales empresas de internet fijo en México, anunció la implementación de un nuevo plan de internet simétrico para todos sus usuarios residenciales, en una estrategia que busca, según Ricardo Salinas Pliego, “castigar a los revendedores abusivos” que comparten o venden el servicio a terceros sin autorización.
El anuncio, difundido en redes sociales por el propio presidente de Grupo Salinas, ha generado reacciones encontradas entre clientes, especialistas en telecomunicaciones y usuarios en redes sociales. Mientras algunos aplauden la medida como un paso hacia mayor equidad en la red, otros consideran que impone restricciones y abre la puerta a cobros extras por consumo excesivo.
Una jugada comercial en un mercado reñido
En un entorno cada vez más competitivo, Totalplay se ha convertido en un actor clave. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la compañía ya supera los 5 millones de suscriptores, disputando el segundo lugar con Megacable y por encima de izzi. Solo Telmex conserva el liderazgo con alrededor del 40% del mercado.
Este reposicionamiento ha sido posible gracias a su red 100% de fibra óptica y sus planes con velocidades simétricas, un diferenciador frente a empresas que aún operan con infraestructura coaxial. Sin embargo, su política más reciente –la llamada “simetría con uso justo”– ha puesto el foco en los términos del servicio y en prácticas frecuentes, pero irregulares, como la reventa informal de internet.
El fenómeno de la reventa: ¿emprendimiento o abuso?
En zonas rurales y urbanas de México es común encontrar personas que, aprovechando un contrato de internet residencial, redistribuyen la señal a vecinos o incluso venden el acceso. Esta práctica no solo está prohibida por los contratos de Totalplay, Telmex, Megacable e izzi, sino que, en algunos casos, ha generado conflictos por saturación de red, afectando la experiencia de otros usuarios.
Según Totalplay, estas cuentas “abusan del servicio” al operar como pequeños proveedores no autorizados. En su Política de Uso Justo, la empresa establece que está prohibido revender el servicio o montar servidores con fines comerciales. La infracción puede derivar en suspensión del servicio o cargos adicionales. Telmex, por su parte, también advierte que el uso “inusualmente alto” de banda ancha podría llevar a la cancelación del contrato.
Cláusulas contractuales: lo que dice el papel
Tanto Totalplay como Telmex y otras compañías prohíben explícitamente compartir o revender su servicio a terceros fuera del domicilio contratado. En el caso de Totalplay, el contrato señala que el servicio es “para uso personal y no puede ser utilizado con propósitos comerciales”, e incluso prohíbe compartir la conexión mediante herramientas como NAT o redes extendidas.
Esto ha generado debates entre usuarios, sobre todo aquellos que comparten WiFi con familiares o vecinos por motivos económicos. Legalmente, la diferencia clave está en el lucro: si hay cobro, hay incumplimiento directo. Si es solo un favor sin beneficio económico, sigue siendo técnicamente una violación contractual, pero con menor probabilidad de sanción.
Opiniones divididas: clientes, técnicos y redes sociales
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios aseguran no haber tenido problemas con el servicio y defienden las nuevas medidas, otros acusan a Totalplay de abusar con los cambios. En Facebook, cientos de comentarios ironizan con el estilo directo de Salinas Pliego, quien aseguró que “los que cumplen no tienen nada de qué preocuparse”.
Expertos consultados por medios especializados señalaron que, aunque la empresa tiene derecho a proteger su red, el reto será equilibrar esa política con la experiencia del cliente. En abril de 2024, Totalplay enfrentó una fuerte crítica tras intentar implementar límites de datos en todos sus planes, medida que fue parcialmente revertida tras intervención de Profeco.
Hacia dónde se dirige el debate
El caso Totalplay revive la discusión sobre acceso universal a internet, la legalidad de los revendedores informales y el rol que deben jugar las empresas en zonas marginadas donde el Estado no garantiza conectividad. Si bien los contratos son claros, la realidad en muchas comunidades impulsa estas prácticas como única opción de conexión.
La postura del IFT y Profeco será clave para determinar hasta qué punto pueden actuar las empresas para frenar estas prácticas, sin vulnerar derechos de los consumidores ni cerrar el paso a modelos comunitarios de acceso a internet.
