Ciudad de México, 11 de febrero de 2026.- El Senado de la República aprobó una reforma constitucional para reducir de manera progresiva la jornada laboral en México hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. El proyecto modifica el artículo 123, apartado A, de la Constitución y fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
La votación en lo general registró 121 sufragios a favor. En lo particular, el dictamen obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, con lo que superó la mayoría calificada requerida para modificar la Carta Magna.
El texto establece un calendario de transición gradual: durante 2026 la jornada máxima se mantendrá en 48 horas; en 2027 descenderá a 46; en 2028 será de 44; en 2029 quedará en 42 y finalmente en 2030 se fijará en 40 horas semanales.
La reforma precisa que por cada seis días de trabajo deberá otorgarse al menos un día de descanso con goce íntegro de salario. También incorpora disposiciones sobre el pago de horas extraordinarias: las primeras doce horas adicionales por semana deberán remunerarse con un 100 por ciento más sobre el salario ordinario. Si se excede ese límite, el pago deberá ser del 200 por ciento adicional. Además, se prohíbe que personas menores de 18 años realicen trabajo extraordinario.
Durante la discusión parlamentaria, legisladores de distintas fuerzas políticas respaldaron la reducción de la jornada, aunque con matices sobre su alcance y aplicación. Senadores de Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y Movimiento Ciudadano coincidieron en la necesidad de actualizar el marco laboral, pero plantearon diferencias respecto a la gradualidad, los días de descanso y el impacto en la informalidad.
Desde tribuna se argumentó que la disminución de horas busca armonizar el sistema laboral mexicano con estándares internacionales y fortalecer el derecho al descanso sin afectar salario ni prestaciones. Otros posicionamientos señalaron que la transición hasta 2030 podría diluir el efecto inmediato de la medida y que sería necesario revisar el esquema de días laborables y de descanso para garantizar una recuperación adecuada.
El proyecto también fue defendido como parte de un proceso más amplio de reformas laborales impulsadas en los últimos años, que han incluido ajustes en materia de salario mínimo, subcontratación y democracia sindical. No obstante, legisladores de oposición advirtieron que la efectividad de la reforma dependerá de su implementación y de la capacidad institucional para resolver controversias laborales derivadas de su interpretación.
La asamblea rechazó 18 reservas presentadas por integrantes de diversos grupos parlamentarios, por lo que el dictamen fue enviado en los términos aprobados a la Cámara de Diputados, donde continuará su trámite constitucional.
