CDMX, 11 de abril de 2025.- En una reunión de alto nivel convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), autoridades ambientales de los 32 estados del país, agrupadas en la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), se dieron cita para fortalecer una agenda común en materia de justicia ambiental y sostenibilidad territorial.
Entre los temas prioritarios figuró la calidad del aire en Mexicali, un problema que ha ganado atención nacional por sus implicaciones en salud pública. Mónica Vega Aguirre, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California (SMADS), participó activamente en el encuentro, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con la agenda ambiental del país.
Durante la sesión, Vega Aguirre destacó la importancia de reforzar la coordinación entre niveles de gobierno para enfrentar los retos ambientales con respuestas más eficaces y cercanas a las comunidades. La funcionaria también agradeció a la secretaria federal, Alicia Bárcena Ibarra, por su disposición al diálogo y colaboración con las entidades federativas.
Bárcena, en representación del Gobierno de México, subrayó que la mejora de la calidad del aire en Mexicali es parte de una estrategia nacional ya discutida directamente con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda. Añadió que se están identificando las causas estructurales del problema para delinear soluciones de largo plazo.
Entre otros puntos abordados, se discutió el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección al Ambiente, el reconocimiento del derecho humano a un entorno sano, y la promoción activa de la justicia ambiental. También se plantearon medidas para prevenir daños ecológicos, restaurar ecosistemas y asegurar que los proyectos de infraestructura e industria se apeguen a criterios de sustentabilidad.
La secretaria federal enfatizó que la palabra clave de este sexenio será “restauración”, marcando una nueva etapa en la política ambiental nacional. Las autoridades coincidieron en la necesidad de una corresponsabilidad entre sociedad y gobiernos para garantizar una gestión sostenible de los recursos naturales, bajo un enfoque de rectoría ambiental.
