Mexicali, Baja California, 7 de agosto de 2026.- En un contexto de sequía persistente y creciente presión sobre las fuentes de abastecimiento, el Congreso de Baja California analiza una propuesta para incorporar el principio de seguridad hídrica a la legislación estatal, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, conservación y aprovechamiento sustentable del agua.
La iniciativa fue presentada por el diputado Jesús Daniel Razo Córdova, quien plantea reformar la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua para que este concepto forme parte de las políticas públicas relacionadas con la gestión del recurso.
La propuesta parte de un diagnóstico ampliamente documentado: Baja California es uno de los estados con mayor estrés hídrico del país. Más del 90% de su territorio presenta condiciones áridas o semiáridas, depende en gran medida del agua proveniente del Río Colorado y enfrenta presiones derivadas de la sobreexplotación de acuíferos, el crecimiento urbano y la variabilidad climática.
De aprobarse, la reforma buscaría fortalecer una cultura orientada a garantizar la disponibilidad y calidad del agua mediante acciones como el ahorro, la captación de agua de lluvia, el reúso de aguas tratadas, la reducción de fugas y la promoción de una mayor resiliencia frente a periodos de sequía.
El legislador sostuvo que la seguridad hídrica también implica reducir las desigualdades en el acceso al agua, ya que las interrupciones del servicio y el alto costo del suministro afectan con mayor intensidad a las comunidades en condición de vulnerabilidad.
¿Qué es la seguridad hídrica?
El concepto de seguridad hídrica se refiere a la capacidad de una sociedad para contar con agua suficiente y de calidad para consumo humano, producción de alimentos, desarrollo económico y conservación de los ecosistemas, al tiempo que reduce los riesgos asociados con sequías, inundaciones y contaminación.
En Baja California, especialistas han advertido durante años que el cambio climático, la disminución de las reservas del Río Colorado y el incremento de la demanda obligan a fortalecer estrategias de uso eficiente del agua y diversificar las fuentes de abastecimiento.
La iniciativa también plantea que la legislación promueva una mayor participación ciudadana en el cuidado del recurso y alinee las acciones estatales con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la Organización de las Naciones Unidas, relacionado con el acceso al agua potable y al saneamiento.
En caso de avanzar en el proceso legislativo, la reforma deberá ser discutida y votada por el Congreso del Estado antes de su eventual entrada en vigor.
