Rosarito, Baja California, 18 de septiembre de 2025. — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y a una red de apoyo instalada en Baja California. Entre los señalados figuran Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, identificado como líder armado en Mexicali; los hermanos Alfonso y René Arzate García, considerados operadores en Tijuana; así como la diputada federal y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo.
El informe estadounidense describe que este grupo utilizó empresas, bares y restaurantes en Tijuana y Rosarito como fachada para el lavado de dinero. Negocios como Cavally Antro & Bar, Coco Beach Bar y Cantarrillos aparecen en la lista de entidades bloqueadas. La acusación sostiene que estas operaciones garantizaban ingresos ilícitos para Los Mayos y al mismo tiempo les permitían controlar políticamente la región.
De acuerdo con la OFAC, Brown habría colaborado con Jesús González Lomelí, un presunto lavador de alto nivel, y con Candelario Arcega Aguirre, identificado como operador político del cártel, para asegurar protección institucional durante su administración en Playas de Rosarito. Washington sostiene que la relación permitió consolidar un esquema de corrupción que favoreció las actividades criminales en la costa bajacaliforniana.
El gobierno mexicano reaccionó de inmediato. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que procedió al bloqueo administrativo de las personas y empresas designadas por la OFAC, como parte de los compromisos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La UIF aclaró que estas medidas tienen carácter preventivo y no constituyen por sí mismas una determinación judicial, pero se dará vista a la Fiscalía General de la República para posibles investigaciones.
Mientras tanto, la exalcaldesa Hilda Araceli Brown negó públicamente las acusaciones. A través de un mensaje en redes sociales aseguró que sus cuentas no han sido bloqueadas y calificó las versiones como un intento de desprestigio. Añadió que se mantiene firme y dispuesta a atender cualquier requerimiento de las autoridades.
Las sanciones implican la inmovilización de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para ciudadanos y empresas de ese país de realizar operaciones con los implicados. En la práctica, esto cierra el acceso del grupo sancionado al sistema financiero internacional, además de incrementar la presión sobre las autoridades mexicanas para profundizar las investigaciones locales.
