Ensenada, Baja California, 6 de julio de 2025.- Un total de 300 perros fueron rescatados de una vivienda particular en Ensenada, tras un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y con respaldo del Ayuntamiento local, especialistas en bienestar animal y personal voluntario. El cateo fue autorizado judicialmente, en respuesta a denuncias ciudadanas que advertían sobre condiciones extremas de insalubridad y maltrato.

Durante la intervención se documentaron escenas alarmantes: habitaciones con hasta 35 perros, acumulación de desechos orgánicos, ejemplares enfermos sin atención médica y varios animales sin vida dentro de jaulas contaminadas. El inmueble era operado por la asociación “Ellos son la Razón” A.C., la cual ya era investigada en dos carpetas abiertas desde 2024 y 2025.

Veterinarios de la FGE y del gobierno municipal constataron la presencia de enfermedades como moquillo, sarna y TVT, un tipo de cáncer contagioso entre perros. En algunos casos, se valoró la aplicación de eutanasia humanitaria por sufrimiento irreversible.
Vecinos del área habían presentado múltiples quejas por malos olores, plagas de insectos y acumulación de basura, lo que activó una revisión sanitaria que derivó en el operativo. Los animales serán trasladados a un refugio temporal donde recibirán atención médica, alimento y cuidados especializados. La alcaldía de Ensenada coordinará esta etapa junto con organizaciones de protección animal.

Este rescate se concretó tras una mesa de trabajo interinstitucional convocada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la que participaron autoridades estatales, municipales y expertos en protección animal, con el objetivo de garantizar un protocolo de actuación integral.

El gobierno estatal indicó que se dará seguimiento permanente al caso y se mantendrá vigilancia sobre el bienestar de los ejemplares, así como coordinación con organizaciones civiles para su recuperación y eventual adopción.

La intervención representa uno de los casos más graves de hacinamiento animal documentados en la entidad, y se perfila como un precedente clave en la atención a denuncias de maltrato y en el fortalecimiento de políticas públicas de bienestar animal en Baja California.



