Baja California, 22 de marzo de 2025.- Durante la sesión número 101 del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, expertos destacaron la necesidad urgente de fortalecer los procedimientos de inspección y vigilancia ambiental para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa ecológica en Baja California.
José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México A.C., enfatizó la importancia de aplicar rigurosamente el estado de derecho para asegurar la compensación y reparación ambiental frente al impacto económico de diversas actividades humanas. Zavala recalcó que la existencia de normas claras no basta, sino que deben ser ejecutadas de manera efectiva.
Por su parte, el abogado ambientalista Pablo Uribe Malagamba abordó la temática central de la sesión: la regularización ambiental de proyectos. Explicó que la justicia ambiental requiere procedimientos claros de inspección y sanción, que se desarrollan en dos etapas esenciales. La primera es la inspección directa en el sitio afectado, acompañada por documentación y recopilación de evidencias. La segunda etapa permite al inspeccionado presentar pruebas y argumentos antes de determinar sanciones que pueden incluir multas o clausuras.
Uribe Malagamba subrayó que estos procedimientos son fundamentales para hacer realidad el principio ambiental internacional de “el que contamina, paga”. Este principio establece claramente que quienes ocasionan daños ecológicos deben asumir el costo económico y operativo de su reparación. Además, insistió en el papel activo que debe desempeñar el Estado, no solo en la creación de leyes, sino en garantizar su cumplimiento real.
Las visitas de verificación ambiental, según se detalló durante la sesión, son mecanismos clave para supervisar y asegurar el cumplimiento normativo. Tanto inspectores como inspeccionados tienen derechos y obligaciones claramente definidos para garantizar transparencia y evitar abusos o sanciones injustificadas.
En relación con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), se destacó que esta normativa ofrece un marco legal integral para atender y prevenir daños ecológicos mediante sanciones económicas que varían significativamente según el tipo de infractor, ya sea persona física o moral. Estas medidas buscan incentivar comportamientos más responsables y comprometidos con el medio ambiente.
Finalmente, los expertos concluyeron que la responsabilidad ambiental implica un compromiso compartido entre gobierno, empresas y ciudadanos, donde la educación y la concienciación juegan un rol clave para lograr una convivencia sostenible con el medio ambiente.
