Tijuana, Baja California, 12 de noviembre de 2026.— La Oficialía del Registro Civil número 5, ubicada en la delegación San Antonio de los Buenos, enfrenta una suspensión de trámites debido a la falta de un titular autorizado para validar y firmar documentos oficiales, situación que ya ha generado afectaciones económicas y administrativas a ciudadanos.
La síndica procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, informó que su dependencia ha recibido entre 22 y 23 casos de personas que realizaron pagos ante la Tesorería Municipal, pero posteriormente descubrieron que no podían concluir sus trámites.
Durante una transmisión en vivo, la funcionaria explicó que la titular y personal adscrito a dicha oficialía enfrentan un procedimiento administrativo que permanece en curso ante la Sindicatura Procuradora.
Como parte de ese proceso, hace aproximadamente dos o tres meses se dictaron medidas cautelares que hicieron necesario designar a una nueva persona responsable de la oficina.
Sin embargo, de acuerdo con Balderas, el nombramiento sigue pendiente.
Ciudadanos pagan, pero no pueden concluir sus trámites
La síndica explicó que uno de los principales problemas es que los usuarios realizan primero el pago correspondiente en las cajas de Tesorería, sin recibir información oportuna sobre la imposibilidad de completar el servicio solicitado.
Esto ocurre porque determinados documentos requieren la firma certificada de la persona titular de la oficialía, así como su validación e incorporación al sistema estatal.
Ante la ausencia de una persona facultada para realizar estas funciones, los procedimientos quedan inconclusos, aunque el ciudadano ya haya cubierto el costo.
Además de perder tiempo, los afectados deben iniciar gestiones para solicitar la devolución de su dinero, procedimiento que también puede representar una espera adicional.
Sindicatura pide al Ayuntamiento nombrar a un nuevo titular
Balderas Beltrán señaló que la problemática ya fue comunicada al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, así como a las autoridades municipales correspondientes.
Explicó que la situación se originó durante el periodo en que el alcalde se encontraba de licencia, pero aseguró que posteriormente se le notificaron los casos y la necesidad de resolver el problema.
La funcionaria también solicitó la intervención de la Secretaría de Gobierno Municipal para agilizar la designación de una nueva persona titular, cuyo nombramiento requiere la autorización correspondiente del Estado.
Mientras no se concrete esta designación, advirtió, la oficialía continuará sin poder prestar determinados servicios.
¿Qué trámites pueden realizarse y cuáles están afectados?
La síndica aclaró que los cajeros automáticos destinados a la expedición de actas de nacimiento continúan funcionando normalmente.
Sin embargo, otros procedimientos que requieren la intervención y firma de la persona titular de la Oficialía 5 no pueden concluirse por el momento.
También explicó que determinados expedientes no pueden trasladarse libremente a otra oficialía, debido a que cada una administra registros e información específica.
Por ello, acudir a otra oficina del Registro Civil no necesariamente permitirá continuar un procedimiento iniciado en San Antonio de los Buenos.
La funcionaria no presentó un listado exhaustivo de los servicios suspendidos, por lo que recomendó evitar pagos vinculados con esa oficialía mientras persista la situación.
Recomiendan no realizar pagos hasta que se restablezca el servicio
La Sindicatura Procuradora pidió a los ciudadanos verificar la disponibilidad del trámite antes de realizar cualquier pago relacionado con la Oficialía 5.
Quienes ya hayan pagado sin recibir el servicio pueden acudir a la Sindicatura para exponer su caso y solicitar orientación sobre el seguimiento administrativo y la posible devolución de los recursos.
Balderas sostuvo que los reportes recibidos ya fueron comunicados a las autoridades responsables y confió en que el Ayuntamiento designe próximamente a una nueva persona titular.
Hasta el momento de su declaración, no se había anunciado una fecha concreta para la normalización de los servicios.
El procedimiento administrativo contra el personal de la oficialía continúa abierto, por lo que las medidas cautelares mencionadas no constituyen, por sí mismas, una determinación definitiva de responsabilidad.
