Mexicali, Baja California, lunes 16 de febrero de 2026.- La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, con el objetivo de actualizar su marco interpretativo conforme a los principios constitucionales vigentes y los estándares actuales de democracia participativa.
La propuesta plantea ajustar la redacción de la norma para incorporar de manera expresa criterios vinculados a derechos humanos, progresividad, máxima participación ciudadana y deliberación democrática. De acuerdo con la exposición presentada, si bien la ley ha sido modificada en distintos momentos, persiste una diferencia entre su interpretación práctica y los lineamientos constitucionales que hoy rigen la participación pública.
El proyecto establece que la reforma no altera la estructura institucional ni los mecanismos ya existentes, sino que busca dotar de mayor claridad conceptual a la legislación. La intención es reforzar la coherencia normativa y ampliar la protección efectiva del derecho de las personas a intervenir en asuntos públicos.
Entre los cambios propuestos se encuentra la adición del artículo 9 Bis, que obligaría a autoridades estatales y municipales a promover de forma permanente la educación cívica, la cultura de participación y la formación en deliberación pública. También contempla el uso ético y accesible de tecnologías de la información en procesos participativos, así como acciones orientadas a incluir a grupos históricamente discriminados o subrepresentados.
La iniciativa incorpora además criterios mínimos para fortalecer prácticas de Parlamento Abierto. Entre ellos destacan la publicación anticipada y accesible de los asuntos legislativos, la creación de espacios de deliberación informada, el registro público de opiniones ciudadanas y la retroalimentación institucional respecto a las propuestas recibidas.
Según el documento presentado, la reforma no implicaría nuevas cargas presupuestales ni afectaría competencias municipales o de órganos autónomos. La intención es consolidar un marco jurídico alineado con los desafíos democráticos actuales y fortalecer la legitimidad de los mecanismos de participación en la entidad.
La propuesta contempla la modificación del artículo 4 y la adición de los artículos 9 Bis y 83, con el propósito de establecer de manera expresa los principios rectores que deberán guiar la interpretación y aplicación de la ley.
