MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 7 DE OCTUBRE DE 2026.- El Congreso de Baja California recibió una iniciativa para modificar la Ley de Educación estatal con el propósito de fortalecer el acceso a una enseñanza que reconozca las lenguas, culturas y necesidades de los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y familias jornaleras migrantes.
La propuesta, presentada por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, contempla cambios a tres artículos de la legislación estatal para armonizarlos con las disposiciones federales en materia de educación indígena, intercultural y plurilingüe.
Uno de sus principales objetivos es reconocer expresamente a los estudiantes provenientes de familias jornaleras agrícolas, quienes pueden enfrentar dificultades para continuar sus estudios debido a los desplazamientos laborales de sus padres.
Esta situación tiene especial relevancia en el Valle de San Quintín, donde habitan comunidades indígenas originarias de distintas regiones del país y familias vinculadas a las actividades agrícolas.
Educación que reconozca las lenguas y culturas de Baja California
La iniciativa parte de la diversidad cultural de Baja California, donde conviven pueblos originarios como los kiliwa, kumiai, pai pai, cucapá y cochimí, además de comunidades afromexicanas y población indígena migrante.
Mediante la modificación del artículo 31, se propone establecer expresamente que el Estado garantice los derechos educativos, culturales y lingüísticos de estas poblaciones bajo principios de igualdad de oportunidades, inclusión y no discriminación.
En términos prácticos, la reforma busca que las necesidades de estos grupos estén reconocidas dentro de las obligaciones de las autoridades educativas, particularmente en lo relacionado con el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios.
Para los estudiantes de familias jornaleras, el reconocimiento legal resulta relevante porque los cambios de residencia asociados con los ciclos agrícolas pueden interrumpir su trayectoria escolar.
Sin embargo, la iniciativa no establece por sí misma nuevos planteles, becas o programas de movilidad escolar. Su alcance inmediato consiste en modificar las obligaciones previstas en la legislación estatal.
Comunidades indígenas deberán ser consultadas sobre decisiones educativas
Otro de los cambios propuestos corresponde al artículo 32, que contempla la obligación de realizar consultas previas, libres, informadas y de buena fe cuando las autoridades prevean medidas educativas relacionadas con pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.
Esto significa que las comunidades deberán contar con mecanismos de participación en los procesos de consulta sobre decisiones que puedan afectar su educación, respetando su derecho a la autodeterminación.
La propuesta también establece que la autoridad educativa estatal se coordine con instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), así como con las instancias correspondientes en la entidad.
Además, plantea la creación de un comité de seguimiento integrado por autoridades tradicionales indígenas y representantes de comunidades afromexicanas.
Dicho organismo tendría la función de dar seguimiento a los procesos de consulta, bajo las disposiciones que determine la autoridad educativa estatal.
Los conocimientos ancestrales podrían llegar a las aulas
La tercera modificación corresponde al artículo 33 Bis y aborda la preservación del patrimonio cultural de las comunidades.
La iniciativa plantea que el Estado tenga la obligación de documentar, investigar y difundir las tradiciones orales, escritas y los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y afromexicanos asentados en Baja California.
Las propias comunidades participarían directamente en la identificación de los conocimientos que forman parte de su patrimonio cultural.
Posteriormente, las autoridades educativas estatales y municipales promoverían su incorporación a los contenidos de la educación pública dentro de las respectivas comunidades.
La propuesta contempla que estos conocimientos no estén limitados a expresiones en lenguas indígenas, sino que también puedan incluir otras manifestaciones de la memoria, historia y cultura comunitaria.
De esta manera, la enseñanza podría incorporar contenidos relacionados con la identidad de los pueblos y comunidades que habitan el estado, siempre que la reforma sea aprobada y se establezcan los mecanismos necesarios para aplicarla.
¿Qué sigue para esta iniciativa?
La propuesta de la diputada Montserrat Murillo constituye una iniciativa legislativa y, por lo tanto, todavía no representa una modificación vigente de la Ley de Educación de Baja California.
Para convertirse en una obligación legal, deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente y obtener la aprobación del Congreso estatal.
El planteamiento abre la posibilidad de ampliar el reconocimiento de la diversidad cultural dentro del sistema educativo, aunque su eventual aplicación dependerá de las disposiciones definitivas que se aprueben y de las acciones que implementen las autoridades.
Por ahora, el documento no precisa un presupuesto específico ni un calendario para poner en marcha las medidas propuestas.
