Mexicali, B.C., 4 de octubre de 2025.– El Congreso de Baja California recibió una iniciativa para reforzar el marco jurídico contra la extorsión, enfocada en dos prácticas que han proliferado en la región: los montachoques y la usurpación de identidad de abogados o funcionarios.
El diputado Ramón Vázquez Valadez presentó la propuesta de reforma al artículo 224 BIS del Código Penal estatal, con el fin de tipificar de manera específica estas conductas y dotar a las autoridades de mayores herramientas para integrar carpetas de investigación y judicializar los casos.
La primera modalidad busca sancionar la simulación de accidentes de tránsito, conocidos como montachoques, un esquema delictivo en el que participan conductores, falsos lesionados y supuestos testigos. El objetivo de estas células criminales es obtener dinero inmediato de las víctimas, aprovechando su confusión y temor tras el incidente. Ciudades como Tijuana y Rosarito han registrado un aumento de estas prácticas en los últimos años.
La segunda modalidad se centra en penalizar a quienes se hacen pasar por abogados, funcionarios públicos o personas con supuesta influencia en el gobierno. Bajo esta fachada, ofrecen resolver procesos judiciales o administrativos a cambio de dinero, aun sin tener facultades legales para cumplir lo prometido. En Mexicali, incluso se han documentado casos en restaurantes, como el “Pez Gallo”, donde se exigía dinero a cambio de gestiones inexistentes.
De aprobarse, la reforma establecería sanciones claras contra estas prácticas de extorsión, consideradas un riesgo para la integridad de las personas y un factor que deteriora la percepción de seguridad y confianza en Baja California.
