Tijuana, Baja California, 3 de abril de 2026.- Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Marcos Ulises “N”, tras ser vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado cometido en un establecimiento comercial de la ciudad.
La Fiscalía Regional de Tijuana informó que la detención se realizó luego de que el imputado fuera sorprendido en flagrancia al interior de una tienda Coppel ubicada en el centro comercial La Mesa, sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo de 2026, alrededor de las 12:15 horas. El imputado ingresó al establecimiento, tomó un artículo y se dirigió hacia el área de cajas sin concretar el pago correspondiente.
Al intentar salir del lugar, fue interceptado por personal de seguridad del comercio, quienes le solicitaron el comprobante de compra. El hombre indicó no contar con el recibo, lo que derivó en su aseguramiento inmediato dentro del establecimiento.
Las autoridades precisaron que, con esta conducta, el imputado se apoderó de un bien mueble ajeno sin autorización ni consentimiento, lo que configura el delito de robo calificado en establecimiento abierto al público.
Durante la audiencia inicial, el juez calificó como legal la detención y la retención del imputado. Posteriormente, el Ministerio Público formuló imputación y presentó los datos de prueba suficientes para que se dictara el auto de vinculación a proceso.
Como parte de las medidas cautelares, se determinó la prisión preventiva justificada, al considerar que el acusado representa un riesgo para la comunidad. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir los delitos patrimoniales en la región, especialmente aquellos cometidos en establecimientos comerciales, donde se busca garantizar la seguridad tanto de clientes como de trabajadores.
Este tipo de resoluciones judiciales refuerzan la respuesta institucional ante delitos cometidos en espacios públicos y comerciales, en un contexto donde la vigilancia y la actuación inmediata del personal de seguridad privada resultan determinantes para la intervención de las autoridades.
