Tijuana, Baja California, 13 de septiembre de 2024 — Un grupo de 25 policías retirados, algunos con discapacidad derivada de su servicio, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Baja California. Los implicados en la denuncia son Fernando Sánchez González, secretario de seguridad de Tijuana, y Benjamín Bautista Ortega, administrador de la misma dependencia. Los denunciantes alegan discriminación salarial debido a su vejez y condición física.
La denuncia colectiva, registrada con el número de acta 0204-2024-04850/NAC, incluye a 274 policías retirados, quienes aseguran ser víctimas de trato desigual respecto a sus colegas en activo. Entre los afectados se encuentran exagentes que han sufrido lesiones permanentes en cumplimiento de sus funciones, y exigen la homologación de sus salarios al nivel de los policías activos, así como el pago de un retroactivo pendiente.
De acuerdo con el Código Penal de Baja California, la discriminación por discapacidad se considera un delito grave. Las sanciones aplicables incluyen la negación de prestaciones a las que los afectados tienen derecho, lo cual parece ser el núcleo de la denuncia contra las autoridades municipales de seguridad.
Esta situación ha generado una serie de manifestaciones entre los afectados, quienes exigen que se respeten sus derechos laborales y se termine con lo que describen como un acto de injusticia hacia quienes han dedicado su vida al servicio de la comunidad.
La Fiscalía General del Estado investigará los hechos y determinará las acciones legales a seguir. Mientras tanto, los policías retirados y sus familiares esperan que se haga justicia y que sus demandas sean atendidas conforme a la ley.