Ciudad de México, 9 de diciembre de 2024. – La decisión del juez de distrito Enrique Beltrán Santes de modificar la medida cautelar de prisión preventiva a Víctor Manuel “G”, vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en perjuicio de la cooperativa Cruz Azul, ha generado un intenso debate judicial y fuertes cuestionamientos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el expediente judicial, la prisión preventiva se impuso el 10 de octubre de 2023 debido a los riesgos procesales asociados con el imputado. Sin embargo, en una reciente audiencia, el juez resolvió cambiar dicha medida, argumentando factores como el estado de salud, la supuesta buena conducta del imputado y la regularización de propiedades familiares.
La Fiscalía refutó cada uno de los argumentos expuestos por el juez:
• Respecto al estado de salud del acusado, la Fiscalía afirmó que no se presentó ningún dictamen médico que respaldara un deterioro en su condición física. Según los registros judiciales, esta afirmación se basó únicamente en consideraciones personales del juzgador.
• Sobre la buena conducta atribuida al acusado durante su reclusión, no existen informes oficiales del Centro Preventivo Varonil Norte que certifiquen dicho comportamiento, señalaron fuentes de la FGR.
• En cuanto a la propiedad y acceso a varios domicilios, se reiteró que estos inmuebles, en manos de familiares directos del acusado, podrían facilitar su posible evasión de la justicia. Además, la defensa no acreditó formalmente que dichas propiedades estuvieran fuera de su control.
Otro punto clave es la existencia de una cuenta de inversión de más de 138 millones de pesos, cuyos fondos fueron retirados. La Fiscalía asegura que el acusado aún tendría acceso a esos recursos, a pesar de que su defensa argumentó que los fondos se depositaron en una nueva cuenta bancaria sin presentar evidencia documental.
Investigación contra el juez
Dado el polémico fallo, la FGR anunció la apertura de una carpeta de investigación contra el juez Beltrán Santes por posibles delitos relacionados con la administración de justicia. Además, se presentó un recurso de impugnación para revertir la decisión judicial y restablecer la prisión preventiva.
El caso sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días se determinen las acciones legales correspondientes, mientras crece la atención pública y mediática en torno a este proceso judicial considerado de alto impacto.
