Ciudad de México, 21 de noviembre de 2024.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó esta mañana el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, una estrategia que busca garantizar el acceso al agua como un derecho humano, alejándose de enfoques mercantilistas.
El plan se articula en cuatro ejes fundamentales: política hídrica y soberanía nacional, justicia y acceso al agua, mitigación del impacto ambiental y gestión transparente. Entre sus primeras acciones destaca la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, programada para el próximo 25 de noviembre, con la participación de gobiernos locales, comunidades, académicos y actores industriales.
El director de Conagua, Efraín Morales López, informó que el gobierno destinará 20 mil millones de pesos en 2025 para implementar acciones como:
• Ordenamiento de concesiones y devolución de recursos no utilizados a la nación.
• Creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar (Renab) y la Ventanilla Única de Gestión Digital.
• Tecnificación de 200 mil hectáreas agrícolas, beneficiando a más de 225 mil familias.
• Desarrollo de 16 proyectos de infraestructura hídrica en estados como Baja California, Sonora, Oaxaca y Guanajuato.
El saneamiento de ríos como el Lerma-Santiago, Atoyac y Tula será prioritario, con reforestación, rehabilitación de plantas de tratamiento y eliminación de descargas contaminantes, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Durante la presentación, Sheinbaum enfatizó que el agua debe considerarse un bien nacional: “Lo que queremos es que esa agua que no se usa regrese a la nación, para garantizar su disponibilidad para el consumo humano”.
Por su parte, Alicia Bárcena, titular de Semarnat, destacó que este plan marca un cambio de paradigma hacia una gestión sustentable y equitativa, mientras que Julio Berdegué, secretario de Agricultura, subrayó el impacto positivo del plan en la productividad agrícola y la soberanía alimentaria.
El plan incluye también la colaboración de empresas privadas, con compromisos de inversión superiores a 16 mil 400 millones de pesos para optimizar procesos y realizar obras comunitarias que beneficien a regiones con mayor vulnerabilidad hídrica.
Este ambicioso proyecto busca consolidar el acceso al agua como un derecho humano, apoyando el desarrollo social y económico de México en los próximos años.
