Tijuana, Baja California, 13 de marzo de 2026.- Del debate político surgido tras el rechazo a la reforma constitucional en materia electoral impulsada por Morena en el Congreso de la Unión, el gobierno federal analiza una ruta alterna conocida como “Plan B”, una estrategia legislativa que buscaría modificar leyes secundarias para introducir cambios en el sistema político-electoral del país.
La propuesta aparece luego de que la iniciativa original no reuniera la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. Frente a ese escenario, la alternativa legislativa consiste en promover ajustes en normas ordinarias, las cuales pueden aprobarse con mayoría simple en el Congreso.
De acuerdo con el doctor Leonardo Abarca Jiménez, socio director de Grupo UNO Abogados, los planteamientos que han circulado en el debate jurídico y político apuntan a una serie de modificaciones que abarcarían distintos niveles de gobierno.
Uno de los puntos discutidos contempla revisar los costos operativos de los congresos locales. La propuesta, según los argumentos planteados por quienes promueven los cambios, buscaría reducir el gasto público y replantear la estructura de los órganos legislativos en los estados.
Otro de los ejes que se ha mencionado en el análisis público se relaciona con ajustes en los gobiernos municipales, particularmente en la organización administrativa y en algunos rubros de gasto considerados elevados dentro de la estructura local.
El especialista explicó que también se ha planteado la posibilidad de modificar el momento en que puede aplicarse la revocación de mandato. Actualmente, este mecanismo está previsto para el cuarto año de gobierno; sin embargo, dentro de las ideas que se han discutido en el contexto del llamado Plan B se ha sugerido adelantarlo al tercer año de gestión.
Desde la perspectiva legislativa, la estrategia se basa en que las reformas a leyes secundarias no requieren mayoría calificada. Esta condición permitiría avanzar en cambios relevantes mediante acuerdos parlamentarios de mayoría simple, sin necesidad de modificar el texto constitucional.
No obstante, Abarca Jiménez subrayó que cualquier ajuste legal debe mantenerse dentro de los márgenes establecidos por la Constitución. Los principios que rigen el sistema electoral mexicano —certeza, legalidad, independencia e imparcialidad— continúan siendo el marco obligatorio para cualquier modificación normativa.
En caso de que las reformas aprobadas fueran consideradas contrarias a estos principios, podrían ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia encargada de revisar la constitucionalidad de las leyes.
El debate sobre el llamado Plan B vuelve a colocar el tema electoral en el centro de la agenda legislativa. Para diversos analistas, el escenario muestra cómo, incluso cuando una reforma constitucional no prospera, el proceso legislativo mantiene abiertas otras rutas para intentar modificar las reglas del sistema político.
En los próximos meses, el Congreso de la Unión será el espacio donde se definirá si esta estrategia logra consolidarse y qué alcance tendrán las modificaciones propuestas dentro del marco institucional del país.
