Seúl, Corea del Sur, 3 de diciembre de 2024. – La política surcoreana se encuentra en un punto crítico después de que el presidente Yoon Suk Yeol declarara ley marcial, una medida que generó rechazo tanto en la oposición como en miembros de su propio partido. El Parlamento, dominado por el opositor Partido Democrático, votó horas después para invalidar la declaración, asegurando que protegerá la democracia junto a la ciudadanía.
La declaración de ley marcial marcó un hecho sin precedentes desde la democratización del país en 1987. Según el mandatario, esta medida era necesaria para combatir a “fuerzas antiestatales” y proteger el orden constitucional frente a lo que describió como “simpatizantes comunistas”. Yoon también justificó la acción como respuesta a la parálisis legislativa provocada por un Parlamento opositor, así como a las huelgas de médicos que han afectado el sistema de salud en las últimas semanas.
La respuesta fue inmediata. Woo Won Shik, presidente de la Asamblea Nacional, convocó a los legisladores para votar la anulación de la medida, logrando un respaldo unánime de los 190 asistentes. Durante la sesión, efectivos militares y policías, que habían tomado posición en el recinto legislativo, comenzaron a retirarse tras la decisión.
Por su parte, Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático, calificó la acción del presidente como “ilegal y autoritaria”. En una declaración televisada, aseguró que su partido permanecería en el recinto hasta que la orden fuera revocada oficialmente. Cientos de manifestantes se congregaron frente a la Asamblea Nacional exigiendo la destitución del presidente.
La ley marcial también imponía restricciones a reuniones políticas y ordenaba la reincorporación inmediata de los médicos en huelga, bajo amenaza de arresto sin orden judicial. Esta decisión incrementó las críticas hacia Yoon, cuya popularidad ha caído debido a la percepción de autoritarismo y los señalamientos de corrupción que involucran a su círculo cercano.
El líder del gobernante Partido del Poder Popular, Han Dong-hoon, también se opuso a la declaración, considerándola “un error”. La situación revive tensiones que recuerdan a los regímenes autoritarios de las décadas pasadas, marcando un momento de alta incertidumbre en la democracia surcoreana.
La medida de Yoon, además de polarizar al país, ocurre en un contexto de estancamiento legislativo y disputas entre gobierno y oposición sobre el presupuesto para 2025. Analistas advierten que este episodio podría tener repercusiones significativas en las elecciones presidenciales de 2027, donde Lee Jae-myung se perfila como favorito.
