A ocho años de los derrumbes registrados en el fraccionamiento Lomas del Rubí, donde más de cien viviendas resultaron afectadas, familias damnificadas continúan exigiendo que la constructora responsable responda por los daños ocasionados y al mismo tiempo denuncian estancamiento legal del caso.
Atalia Ramos, una de las personas afectadas por los deslizamientos, compartió que su vida cambió de manera radical tras el desastre, pues las consecuencias no solo fueron económicas, sino también materiales, emocionales y de salud.
La afectada señaló que su padre fue diagnosticado con cáncer un año después de los derrumbes, situación que —aseguró— pudo estar relacionada con el impacto emocional derivado de la pérdida de su patrimonio.
“Mi papá es un paciente con cáncer, ya en etapa 4, que fue diagnosticado al año de lo ocurrido en Lomas del Rubí, precisamente por esta cuestión emocional del coraje y la tristeza, el hecho de haber perdido su patrimonio”.
Ramos explicó que, en su momento, el gobierno les ofreció una vivienda en el fraccionamiento Loma de la Esperanza como parte de un apoyo social; sin embargo, no todas las familias afectadas fueron contempladas.
Indicó que existe un grupo denominado como posesionarios, quienes construyeron en predios de sus padres y que, pese a haber sido afectados, no recibieron ningún tipo de apoyo.
“Hay un sector que se nombra como posesionarios, que tuvieron la oportunidad de construir en los predios de sus padres, a los cuales no se les brindó apoyo social”.
Asimismo, lamentó que, pese a la creación de nuevos programas de vivienda, las familias de Lomas del Rubí sigan sin ser consideradas.
“Ahorita están haciendo muchos programas de vivienda para toda la gente y desgraciadamente nosotros no hemos podido ser candidatos después de ocho años”.
Atalia Ramos señaló como presunta responsable a la constructora Grupo Melo, asegurando que estudios técnicos realizados en la zona apuntan a que las obras efectuadas por la empresa detonaron los derrumbes.
“En su momento se realizaron estudios de suelo, donde hay un dictamen que como detonante marca la acción de la constructora”.
En el ámbito legal, explicó que el caso permanece estancado debido a diversas trabas, aunque reiteró que las familias afectadas buscan una reparación del daño y mantienen la disposición de dialogar.
“Lo que nosotros buscamos es una reparación de daños, y estamos abiertos a negociar con los responsables”.
Por su parte, Ana María, otra de las personas afectadas, expresó su molestia ante la falta de respuestas después de ocho años y señaló que el derrumbe también transformó su dinámica de vida.
Indicó que antes del desastre tardaba entre tres y cinco minutos en llegar al centro de la ciudad, pero ahora, al vivir en Santa Fe, el tiempo de traslado se ha incrementado considerablemente debido al tráfico.
Con información y fotografías de Jose Vargas.
