Mexicali, Baja California, 24 de abril de 2026.– El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar, con la que se establece un Modelo de Atención Integral que busca garantizar una respuesta coordinada, oportuna y con seguimiento en todos los casos de violencia dentro de escuelas en Baja California.
La modificación legislativa, derivada del dictamen número 8 de la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y TecnologÃa, introduce un nuevo capÃtulo que articula la intervención de distintas instituciones para atender de forma integral a vÃctimas y agresores, con servicios que abarcan atención psicológica, médica, social, jurÃdica y educativa.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Araceli Geraldo Núñez y responde a la necesidad de corregir fallas estructurales en el sistema actual, donde la falta de coordinación entre dependencias generaba respuestas fragmentadas y, en algunos casos, sin seguimiento adecuado.
El nuevo modelo establece un protocolo claro de actuación que inicia desde la detección del caso de acoso escolar, seguido de la canalización a las instancias correspondientes, el acompañamiento continuo y la intervención oportuna. Este esquema busca evitar vacÃos en la atención y reducir el riesgo de revictimización de niñas, niños y adolescentes.
Uno de los elementos centrales de la reforma es la creación de una cédula de registro único, herramienta que permitirá documentar cada caso y dar trazabilidad a las acciones implementadas por las autoridades. Con este mecanismo, se pretende asegurar que ningún incidente quede sin atención, independientemente de la dependencia que reciba la denuncia inicial.
Además, el modelo incorpora principios como el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la atención integral y el auxilio oportuno, alineándose con los estándares constitucionales que garantizan entornos educativos seguros e inclusivos.
El enfoque de la reforma no se limita a la atención de las consecuencias del acoso escolar. También plantea intervenir en las causas que lo originan, promoviendo cambios en la convivencia dentro de las comunidades educativas. En este sentido, se impulsa una cultura de corresponsabilidad en la que participan autoridades escolares, docentes, familias y estudiantes.
De acuerdo con lo aprobado, las instituciones involucradas deberán coordinarse para implementar estrategias que no solo atiendan casos especÃficos, sino que también fortalezcan la prevención, la detección temprana y la educación socioemocional en los planteles.
El dictamen aprobado representa un ajuste al marco legal vigente que busca dar mayor claridad a las responsabilidades de cada actor institucional, asà como establecer procesos definidos que permitan medir resultados y mejorar la eficacia de las intervenciones.
Con esta reforma, el Congreso del Estado refuerza su marco normativo en materia de protección a la infancia y adolescencia, al incorporar un esquema estructurado que prioriza el bienestar integral de los estudiantes y su derecho a desarrollarse en espacios libres de violencia.
La implementación del modelo dependerá ahora de la coordinación entre dependencias estatales y del seguimiento que se dé a los protocolos establecidos, en un contexto donde el acoso escolar continúa siendo una problemática presente en distintos niveles educativos.
