NUEVA YORK, EE.UU.- Los jueves son el peor día para Manuel Marcelino Tzaj. El inmigrante guatemalteco dice que si ese día sale del pequeño cuarto que comparte con su hija en Brooklyn el grillete que lleva en el tobillo desde hace más de dos años alertará a los agentes de inmigración estadounidenses.
“Estoy pensando en regresarme a Guatemala. No puedo seguir con esto en mi pierna”, dice con tristeza el inmigrante de 33 años.
Ya han pasado más de dos años desde que Tzaj fue separado de su hija en la frontera sur de Estados Unidos durante una época en la que el país experimentó un aumento sin precedentes en la llegada de familias centroamericanas buscando asilo. La separación del guatemalteco y su hija duró dos meses y fue una de las más de 5.000 separaciones que generaron una fuerte condena internacional.
Hoy la mayoría de esos centroamericanos que llegaron a Estados Unidos en 2018 y 2019 están esparcidos por todo el país sin asilo, esperando audiencias en las cortes de inmigración que a veces toman años y en tribunales que en algunos estados siguen cerrados debido a la pandemia. Y cuando un juez finalmente estudia sus casos, el asilo es denegado a la mayoría de los solicitantes.
Mientras tanto muchos de ellos trabajan informalmente porque no tienen permisos de trabajo, o, como Tzaj, llevan grilletes que limitan su libertad de movimiento.
“Hay tanta incertidumbre en torno a todo. Por eso están viviendo en este continuo estado de limbo, esperando decisiones sobre, básicamente, cada aspecto de su vida”, dijo Julie Schwietert Collazo, cofundadora de Immigrant Families Together, un grupo que ha pagado la fianza de unos 120 inmigrantes centroamericanos desde 2018 y que aún ayuda a docenas de familias.
Forzados por la pobreza y la violencia, más de 223.000 centroamericanos cruzaron la frontera sin autorización y fueron detenidos en el año fiscal 2018, según datos federales.
Ese número representó un aumento del 36% en la llegada de centroamericanos respecto del año anterior. En el año fiscal 2019, sin embargo, la cifra de centroamericanos que llegaron a Estados Unidos sin autorización escaló a más de 607.000.
En las cortes migratorias muchos de sus casos siguen pendientes: hay más de 703.000 para guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, según el Transactional Records Access Clearinghouse, una base de datos de la Universidad de Syracuse que analiza información oficial.
El nivel de rechazo a los pedidos de asilo es muy alto: 86% para los guatemaltecos, 82% para los salvadoreños y 87% para los hondureños.
Tzaj gana 17 dólares la hora como obrero de la construcción y no sabe si una abogada que lo ayudó en 2018, y que falleció hace poco, pidió el asilo para él. El guatemalteco, que abandonó su pueblo natal con su entonces hija de 11 años debido a la pobreza y la violencia, no cuenta con un trabajo permanente porque no puede salir de su habitación los jueves, asegura.
Un portavoz de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que el grillete fue colocado en Tzaj “después de que ICE determinó su eligibilidad para no permanecer detenido mientras espera su proceso migratorio en las cortes”. El programa de colocación de grilletes de ICE incluye requisitos como visitas mensuales de los agentes a las casas de los inmigrantes y durante éstas los inmigrantes deben estar presentes en el domicilio, señala la agencia. El portavoz también dijo que Tzaj fue deportado en el 2014.
Su hija, de ahora 13 años, acude a una escuela pública de Brooklyn.
“Quiere regresarse a Guatemala porque extraña a su mamá”, dijo Tzaj.
En 2018 la administración del presidente Donald Trump lanzó una política de tolerancia cero para procesar como criminales a los migrantes adultos que entraban ilegalmente a través de la frontera con México. Por esa decisión miles de padres fueron separados de sus hijos y se generó una fuerte ola de críticas a nivel internacional. Poco después Trump dio marcha atrás con la separación familiar.
El porcentaje de asilos que han sido rechazados ha aumentado desde 2015, según datos federales. El exsecretario de Justicia, Jeff Sessions, limitó en 2018 las razones por las que los jueces de inmigración pueden conceder el asilo.
Buena Ventura Martín Godínez aún tiene por delante un largo camino antes de saber si le concederán su petición. Debido a la pandemia su audiencia ante un juez de inmigración fue postergada hasta 2022.
Siempre nos da miedo. No estamos seguros en este país porque no tenemos papeles”, expresó Godínez, quien vive junto a su familia en Homestead, en el sur de Florida. “Lo que quisiera es ganar el caso (de asilo) para quedar legal en el país”, dijo.
La inmigrante guatemalteca de 30 años cruzó la frontera con su bebé en brazos en junio de 2018. Su esposo, Pedro Godínez, siguió sus pasos dos semanas después junto a su hija de 7 años, pero fueron separados. El hombre fue deportado a Guatemala y la niña fue enviada a Michigan. Buena Ventura pudo reunirse con ella dos meses después.
Tras haber pasado 10 meses en Guatemala, Pedro regresó a Estados Unidos porque un juez consideró ilegal su deportación. Sin embargo, ya ha pasado un año desde que volvió y no ha pedido asilo, lo que reduce sus posibilidades de obtenerlo. Él asegura que ha llamado innumerables veces a organizaciones no gubernamentales que ofrecen ayuda gratuita, pero no le han respondido. Y no puede pagar un abogado.
“Estoy preocupado. ¿Qué va a pasar conmigo?”, dijo el hombre de 37 años. “No quiero que me separen de mi familia de nuevo”.
El abogado de inmigración José Xavier Orochena dijo que de las cerca de 36 mujeres a las que ha ayudado a reunirse con sus hijos, sólo una ha conseguido el asilo.
“Muchas tienen ordenes de deportación porque sus asilos fueron denegados y están apelándolas. Otras nunca recibieron una notificación para presentarse en los tribunales de inmigración”, explicó.
El abogado, que trabaja en Nueva York, dijo que en abril viajó al estado de Oregon para ayudar a que le quitaran el grillete electrónico a una de estas madres.
“Su tobillo estaba descolorido. Lo había llevado puesto (el grillete) por más de dos años”, recordó.
Después del incremento en llegadas a la frontera registrado en 2018 y 2019, el gobierno de Trump determinó que los solicitantes de asilo debían esperar en México hasta tener una audiencia en un tribunal de inmigración de Estados Unidos.
Funcionarios del gobierno dicen que esa política fue diseñada para frenar llegadas en masa de inmigrantes y reducir los pedidos que no tienen mérito. La cantidad de centroamericanos detenidos este año fiscal ha caído drásticamente a unos 103.000, de acuerdo con la Policía de Inmigración y Aduanas.
Delmi Funez, una inmigrante hondureña de 29 años, dijo que huyó de su país en 2018 porque fue violada y amenazada. Cruzó la frontera en diciembre de ese año con su hija de un año. Ahora tiene un niño nacido en Estados Unidos, pero no sabe cuándo debe presentarse en una corte de inmigración y aseguró que no tiene dinero para contratar a un abogado.
“Yo le digo al Señor que me haga el milagro para poder quedarme en este país y superarme y sacar mis hijos adelante”, imploró la hondureña.
Fuente: AP.
