Ciudad de México, 17 de abril.- Jueces y magistrados federales han expresado su respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, luego de que el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea anunciara el inicio de un juicio político en su contra. Zaldívar acusa a Piña Hernández de autorizar una investigación en su contra por posibles actos de corrupción.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha calificado este anuncio como un intento de intimidar a los jueces del país. Según la Jufed, el juicio político, aunque es un instrumento constitucional para sancionar a servidores públicos en casos específicos, ha sido utilizado de manera recurrente para intimidar a los juzgadores.
En un comunicado, la Jufed mencionó que resulta paradójico que se pretenda difamar a la ministra presidenta por cumplir con la obligación de cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes.
La asociación también anunció que se aplicará un escrutinio a todos los servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación para asegurar un trabajo honesto y ético. Se enfatizó que todos los servidores públicos y quienes pertenecen a la carrera judicial están comprometidos con la rectitud en su actuar y deben comportarse conforme al Código de Ética del Poder Judicial Federal, asumiendo su responsabilidad por acción u omisión frente a quejas o denuncias presentadas en su contra.
El pronunciamiento de la Jufed surge tras el inicio de una investigación contra Arturo Zaldívar por supuestos actos de corrupción durante su gestión como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Según el expediente, Zaldívar, en coordinación con otros integrantes del Poder Judicial de la Federación, habría vulnerado la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.
Se señala que Zaldívar ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales a través de diferentes mecanismos, como promesas de beneficios políticos y económicos, extorsiones y amenazas. La Jufed ha reiterado su compromiso con la ética y la transparencia en el ejercicio de la justicia, y ha llamado a respetar la independencia del Poder Judicial de la Federación.
El caso ha generado un intenso debate sobre la autonomía de los jueces y magistrados en México, así como sobre el uso y abuso de los mecanismos de control político en el sistema judicial.
