Tijuana, Baja California, 23 de septiembre de 2026.- Un litigio por alrededor de mil 300 millones de pesos mantiene frenado el traspaso de la infraestructura del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) al Gobierno del Estado, informó el regidor Arturo “Napo” Aguirre González.
El presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos explicó que el Ayuntamiento busca alcanzar un convenio con la empresa operadora para resolver el conflicto jurídico y financiero y, con ello, liberar la infraestructura de la Ruta Troncal.
La intención, señaló, es que una vez resuelto el litigio el Gobierno del Estado pueda disponer de las instalaciones existentes para desarrollar un nuevo esquema de transporte público, particularmente en beneficio de las familias que diariamente se desplazan desde la Zona Este de Tijuana.
Aguirre recordó que el SITT comenzó a desarrollarse en 2013 con la expectativa de atender las necesidades de movilidad de hasta medio millón de habitantes.
El proyecto contemplaba inicialmente 30 autobuses troncales y 120 unidades alimentadoras. Sin embargo, actualmente opera únicamente con dos unidades troncales.
El regidor atribuyó la falta de consolidación del sistema a problemas de planeación, falta de continuidad y decisiones adoptadas por administraciones anteriores.
“El SITT tenía la posibilidad de mejorar significativamente la movilidad de Tijuana, pero las decisiones equivocadas y el abandono de administraciones anteriores provocaron su fracaso”, declaró.
Convenio no implica un pago inmediato
Aguirre precisó que la eventual aprobación de un convenio entre el Ayuntamiento y la empresa operadora no significa por sí misma una entrega inmediata de recursos.
Explicó que el acuerdo permitiría establecer una salida jurídica y financiera al conflicto, mientras que cualquier pago que pudiera derivarse tendría que sujetarse a las disposiciones legales, la disponibilidad presupuestal y los mecanismos de vigilancia correspondientes.
El objetivo central, sostuvo, es cerrar el conflicto pendiente para que la infraestructura deje de estar condicionada por el litigio y pueda ser utilizada dentro de un nuevo modelo de movilidad.
Se deslinda de decisiones actuales del SITT
Ante los señalamientos sobre su relación con la empresa operadora, Aguirre afirmó que dejó de formar parte del Consejo de Administración de SITT, S.A. de C.V. desde 2022, cuando se realizó el cambio de dicho órgano.
Desde entonces, aseguró, no participa en la dirección ni en la toma de decisiones de la empresa.
Reconoció además que Grupo Calfia mantiene una participación minoritaria del 7 por ciento en el SITT y sostuvo que esta relación ha sido pública.
También indicó que aún existen adeudos con instituciones financieras relacionados con créditos y recursos utilizados para la operación del sistema.
El edil aseguró que tampoco participa en el convenio actualmente planteado, no intervino en su negociación y no lo suscribirá.
Como integrante del Cabildo, dijo, presentó formalmente su excusa y se abstuvo tanto de la discusión como de la votación del asunto.
“Lo verdaderamente importante es cerrar un problema heredado, liberar la infraestructura y avanzar hacia un transporte que responda a las necesidades de la población”, expresó.
Aguirre consideró que recuperar y aprovechar la infraestructura existente permitiría abrir la posibilidad de construir un sistema de transporte público más eficiente para Tijuana, con especial atención a los usuarios de la Zona Este.
