Un impuesto con casi un siglo de historia
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) apareció en México en 1921, durante la presidencia de Álvaro Obregón, bajo el nombre de Impuesto del Centenario. Aunque en un inicio fue un tributo temporal, en 1924 el entonces presidente Plutarco Elías Calles lo convirtió en permanente al promulgar la primera Ley del ISR.
Desde entonces, el impuesto ha acompañado la vida económica del país y se ha modificado en numerosas ocasiones, adaptándose a las necesidades de recaudación del Estado y a los cambios en la economía nacional.
Por qué es obligatorio
El pago del ISR está previsto en la Constitución Mexicana, que en su artículo 31 establece la obligación de los ciudadanos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.
Esto significa que el Estado tiene la facultad de cobrarlo y los contribuyentes —tanto personas físicas como empresas— deben cubrirlo según sus ingresos. Bajo este esquema, quienes más ganan aportan un porcentaje mayor que aquellos con ingresos bajos.
Lo que significa para el bolsillo ciudadano
El ISR se descuenta directamente del salario o de las utilidades que generan los contribuyentes. Aunque esto reduce el ingreso inmediato disponible, el gobierno federal lo justifica como un mecanismo para financiar servicios como salud, educación, seguridad e infraestructura.
No obstante, la percepción ciudadana es crítica: para muchos, el esfuerzo de pagar no siempre se refleja en servicios públicos de calidad, lo que mantiene abierto el debate sobre la eficiencia en el uso de estos recursos.
Cómo funciona actualmente
En la actualidad, el ISR opera bajo un esquema progresivo. Para personas físicas, las tasas van del 1.92% al 35%, dependiendo del nivel de ingresos. En el caso de las personas morales, la tasa general es del 30% sobre las utilidades.
El pago se realiza de dos formas:
- Asalariados: el empleador retiene el impuesto mes a mes y lo entera al SAT.
- Trabajadores independientes y empresarios: deben presentar declaraciones mensuales y una declaración anual.
El dinero recaudado se concentra en la Federación y posteriormente se redistribuye a estados y municipios, con la finalidad de cubrir servicios básicos y programas públicos.
