Mexicali, Baja California, domingo 8 de marzo de 2026.- Del reconocimiento explícito de la violencia en relaciones de noviazgo dentro del marco jurídico estatal parte una iniciativa presentada por la diputada María Yolanda Gaona Medina ante el Congreso de Baja California, la cual propone reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La propuesta plantea incorporar de manera expresa el concepto de “noviazgo” dentro de las disposiciones legales relacionadas con la violencia de género, con el propósito de que las autoridades cuenten con herramientas jurídicas claras para prevenir, atender y sancionar este tipo de conductas.
De acuerdo con el planteamiento legislativo, la violencia contra las mujeres no se limita al ámbito del matrimonio o de la convivencia familiar, ya que con frecuencia se origina en relaciones de pareja previas, donde pueden presentarse conductas de control, manipulación o agresiones que aumentan de intensidad con el tiempo.
En relaciones afectivas donde no existe cohabitación ni un vínculo jurídico formal también se registran actos de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. Cuando estas situaciones no se identifican o denuncian oportunamente, pueden evolucionar hacia escenarios de mayor riesgo para las víctimas.
La legisladora señaló en la exposición de motivos que el marco jurídico vigente en Baja California contempla de manera amplia la violencia familiar; sin embargo, consideró necesario que el término “noviazgo” quede definido de forma expresa dentro de la legislación estatal.
La iniciativa plantea armonizar las disposiciones actuales sin duplicar figuras jurídicas, tomando como base los principios y mecanismos ya establecidos para la violencia familiar. El objetivo es que los supuestos de violencia en relaciones de pareja sin vínculo legal puedan ser atendidos con mayor claridad normativa.
El proyecto también busca fortalecer la protección de mujeres jóvenes y adolescentes que se encuentran en relaciones afectivas informales, asegurando que el Estado cuente con instrumentos legales que permitan actuar de manera oportuna frente a este tipo de violencia.
Según lo expuesto por la diputada, la reforma responde a una realidad social que requiere atención específica, al tiempo que busca reforzar las obligaciones del Estado en materia de prevención y sanción de la violencia de género, conforme a lo establecido en la Constitución mexicana y en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
