TIJUANA, Baja California, 7 de agosto de 2026.- Exfuncionarios del XXIV Ayuntamiento de Tijuana fueron inhabilitados por un año luego de que procedimientos derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022 detectaran irregularidades en el manejo de un fideicomiso destinado a personal de Seguridad Pública, inconsistencias en el cálculo del impuesto predial y anomalías en la contratación de servicios médicos del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN).
La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, informó este viernes que las resoluciones derivan de promociones de responsabilidad administrativa remitidas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC).
Además, adelantó que otros cinco exfuncionarios de dos dependencias de la administración anterior serán notificados por observaciones también relacionadas con recursos públicos y procedimientos de la Cuenta Pública 2022.
Con esas nuevas notificaciones, la revisión alcanzaría a una decena de exservidores públicos, aunque Balderas evitó revelar los nombres de los cinco nuevos involucrados antes de que concluya formalmente la notificación.
Fideicomiso para policías presentó diferencia sin comprobar
Uno de los expedientes involucra al extesorero municipal Raymundo Vega Andrade y al entonces coordinador de Tesorería, José Ángel Cabrera Avilés.
De acuerdo con la explicación presentada por la Sindicatura, la observación se relaciona con un fideicomiso creado para garantizar indemnizaciones por fallecimiento a los beneficiarios del personal operativo de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Durante 2022, el fideicomiso generó 2 millones 180 mil 682 pesos en intereses por inversión y registraba un saldo bancario de 31 millones 747 mil 316 pesos al cierre de ese año.
La fiscalización detectó una diferencia cercana a medio millón de pesos entre el saldo bancario y los registros contables que, según Balderas, no contó con documentación suficiente para aclararla.
La responsabilidad administrativa atribuida a los exfuncionarios no implica, por sí misma, que se haya determinado un desvío de esa cantidad. La observación se refiere a la falta de comprobación y a omisiones en las funciones de supervisión, control y administración del fideicomiso.
Auditoría encontró errores en cuentas de predial
Un segundo procedimiento alcanza nuevamente a Vega Andrade y a la entonces directora de Catastro, Itzia Maciel Martínez Valenzuela.
La ASEBC ya había documentado dentro de la revisión de la Cuenta Pública 2022 diferencias entre la clasificación de predios y el tipo de construcción utilizado para determinar el impuesto.
El informe de auditoría señala específicamente 17 claves catastrales, con una recaudación conjunta de 870 mil 720 pesos, que aparecían clasificadas como “nave industrial”, aunque sus construcciones correspondían a usos habitacionales, comerciales, equipamiento urbano o incluso aparecían sin clasificación.
La misma auditoría encontró otras inconsistencias de mayor alcance en el padrón catastral, entre ellas más de 2 mil claves registradas como casa habitación sin superficie de construcción incorporada y cientos de propiedades donde no coincidían el tipo de predio y el uso registrado.
En el procedimiento administrativo expuesto este viernes, la Sindicatura centró la resolución en las 17 claves señaladas dentro de la promoción recibida de la Auditoría Superior.
Servicios médicos del IMPLAN bajo revisión
La Sindicatura también informó de sanciones derivadas de irregularidades en la contratación de servicios médicos y adquisición de medicamentos para trabajadores del IMPLAN.
Según Balderas, durante el procedimiento se determinó que no se siguieron los mecanismos establecidos para la adjudicación de los servicios médicos subrogados, faltaron dictámenes técnicos de la Dirección Municipal de Salud y tampoco se formalizaron contratos que definieran costos, derechos y obligaciones.
Las erogaciones relacionadas ascendieron a 778 mil 504 pesos.
Entre las personas mencionadas durante la conferencia se encuentra Nora Márquez Carvajal, quien dirigió el organismo y actualmente ocupa un cargo público en Playas de Rosarito.
Balderas explicó que una inhabilitación registrada por la autoridad estatal tiene alcance en Baja California y que corresponde a las personas sancionadas recurrir la resolución por las vías jurídicas disponibles si consideran que existen elementos para controvertirla.
La sanción es por un año
Las inhabilitaciones anunciadas tienen una duración de un año y comienzan a surtir efectos conforme se realizan las notificaciones y registros correspondientes.
La resolución debe comunicarse, según cada expediente, a dependencias como Tesorería Municipal, Oficialía Mayor, Auditoría Superior del Estado y la autoridad estatal encargada del sistema de responsabilidades administrativas.
Balderas señaló que los casos corresponden a faltas administrativas no graves, cuya resolución entra dentro de las facultades de la Sindicatura. Las conductas que eventualmente sean consideradas graves deben ser canalizadas a otras instancias, como el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, mientras que posibles delitos corresponderían a las fiscalías.
Las auditorías de 2023 y 2024 ya están llegando
La revisión de las administraciones municipales no termina con 2022.
La síndica informó que la dependencia recibió recientemente observaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y 2024, por lo que podrían abrirse nuevos procedimientos contra funcionarios de la administración anterior e incluso revisar actuaciones de los primeros meses del actual Ayuntamiento cuando corresponda.
La Sindicatura pretende que los procedimientos iniciados durante la actual gestión concluyan antes de terminar la administración y evitar que los expedientes queden rezagados.
Corrida de toros: denunciante admite pagos por 200 mil pesos
La conferencia también reveló otro expediente que todavía se encuentra en etapa de investigación.
Balderas informó que un particular relacionado con la corrida de toros que pretendía realizarse en Tijuana denunció que personas señaladas como posibles trabajadores municipales le habrían solicitado dinero para gestionar permisos.
Según la declaración referida por la síndica, el denunciante manifestó haber entregado inicialmente 100 mil pesos y posteriormente otros 100 mil pesos.
La Sindicatura investiga ahora si las personas señaladas efectivamente trabajaban para el Ayuntamiento o contaban con algún nombramiento municipal.
El caso también mantiene relación con una investigación de la Fiscalía General del Estado y con la controversia sobre documentos y firmas utilizadas para los permisos del evento.
Hasta ahora no existe una determinación de responsabilidad, por lo que los señalamientos permanecen bajo investigación.
Policías sin cámara corporal también pueden comprometer a sus mandos
Otro de los anuncios relevantes de la conferencia involucró el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de policías municipales.
Balderas informó que instruyó a la Dirección de Investigación para que, cuando un agente salga a servicio sin su cámara corporal, no solamente se revise la responsabilidad del elemento, sino también la de sus superiores.
La Sindicatura solicitará información sobre las cámaras cuando investigue hechos donde participen policías, con el objetivo de establecer si el dispositivo fue entregado, estaba funcionando y era portado durante el servicio.
La funcionaria explicó que la Sindicatura no tiene acceso permanente al centro de monitoreo de las cámaras, pero puede solicitar los registros dentro de investigaciones concretas.
Incapacidades falsas siguen apareciendo entre policías
La Sindicatura mantiene además procedimientos contra elementos de la Policía Municipal por presentar presuntas incapacidades médicas falsas.
Balderas señaló que esta semana firmó alrededor de tres solicitudes relacionadas con este tipo de documentos y estimó que regularmente se detectan uno o dos casos por semana, aunque aclaró que el número definitivo deberá obtenerse de los expedientes administrativos.
En uno de los casos recientes, la Secretaría de Seguridad habría intentado verificar al supuesto médico firmante sin encontrarlo registrado en las instituciones de salud consultadas.
Los policías señalados conservan su derecho de defensa dentro de los procedimientos correspondientes.
Malecón de Playas seguirá esperando autorizaciones
Sobre las obras inconclusas del Malecón de Playas de Tijuana, Balderas afirmó que el Ayuntamiento no debe reiniciar trabajos hasta resolver los pendientes administrativos ambientales.
La administración municipal ya cubrió las multas impuestas por autoridades federales, pero la Sindicatura espera que Profepa reconozca formalmente esos pagos para continuar con los trámites.
El proyecto arrastra problemas desde la administración anterior. Las obras fueron suspendidas en 2024 y existen investigaciones contra exfuncionarios por haber iniciado trabajos sin contar con todos los permisos federales requeridos.
Balderas aseguró que el siguiente paso será reiniciar ante autoridades federales el procedimiento de evaluación ambiental correspondiente antes de intentar continuar la intervención del malecón.
El conjunto de expedientes abre así una nueva etapa de revisión sobre decisiones adoptadas durante el XXIV Ayuntamiento: algunas ya terminaron en sanciones administrativas, mientras otras todavía deberán superar investigaciones, recursos legales y, eventualmente, procedimientos ante autoridades estatales o penales.
