CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre de 2025. — Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Paquete Económico 2026 incluye un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8 % para videojuegos violentos, medida que aplicará tanto a copias físicas como a descargas digitales y suscripciones en línea.
La propuesta busca abarcar también contenidos adicionales dentro de los juegos —como expansiones, personajes y funciones premium—, lo que impactaría de forma directa en el precio final para los consumidores. Un ejemplo citado fue el de un título con precio de $1,000 pesos, que pasaría a $1,080 pesos tras la aplicación del gravamen.
Enfoque en salud mental y prevención social
De acuerdo con la presidenta, el impuesto está vinculado a la prevención de adicciones y problemas de salud mental asociados al consumo de videojuegos con contenido extremo. Los recursos recaudados, precisó, se destinarán a programas de prevención social y atención psicológica.
La mandataria subrayó además la necesidad de que las familias supervisen el acceso de niñas, niños y adolescentes a títulos con clasificación para mayores de edad, aludiendo al tema como parte de la agenda de seguridad nacional.
Reacciones de la ciudadanía
El anuncio generó un intenso debate en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron críticas y cuestionamientos sobre la medida. Entre los comentarios recopilados, destacan tres grandes posturas:
- Cuestionamientos sobre prioridades gubernamentales: Varios usuarios reprocharon que el gobierno busque gravar videojuegos en lugar de atender problemas urgentes como baches, inseguridad y desabasto de medicamentos.
- Percepción de estigmatización: Otros señalaron que se corre el riesgo de considerar “violento” prácticamente cualquier título, desde clásicos como Mario Bros hasta plataformas en línea como Fortnite.
- Injusticia hacia la comunidad gamer: Algunos apuntaron que los videojuegos no son responsables de la violencia en el país y compararon la medida con impuestos al tabaco o refrescos, acusando al gobierno de aprovecharse de una industria millonaria para incrementar la recaudación.
Un comentario destacado resume el sentir de parte de la comunidad: “Los videojuegos no son la causa de la violencia del país; es un movimiento injusto para el gamer, el gobierno solo quiere una rebanada de ese pastel”.
Impacto en consumidores e industria
Para los jugadores, la medida implicará un encarecimiento directo en franquicias populares de acción y disparos, así como en las compras internas que forman parte del modelo de negocio de estas plataformas.
Por su parte, la industria de videojuegos enfrentará nuevos requisitos fiscales y administrativos, especialmente en plataformas digitales, que deberán reportar operaciones, facturación y registros ante el SAT para cumplir con la normativa.
