Playas de Rosarito, Baja California, 14 de septiembre de 2026.- Cinco integrantes de una empresa de seguridad privada fueron detenidos y presentados ante un Juez Cívico después de ser señalados por presuntamente realizar funciones de vigilancia e inspección en la zona de playa sin acreditar autorización para ello.
El caso comenzó durante recorridos preventivos de agentes municipales, luego de que personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) alertara sobre la presencia de tres hombres uniformados que abordaban a usuarios de la playa a la altura del muelle de Rosarito.
De acuerdo con el reporte policial, los hombres portaban uniformes correspondientes a una empresa de seguridad privada y presuntamente realizaban recorridos de vigilancia.
La situación llamó particularmente la atención debido a que también fueron señalados por presuntamente solicitar permisos a comerciantes que trabajan en la zona.
Dijeron que cumplían instrucciones de un coordinador
Al ser intervenidos por los agentes municipales, los señalados manifestaron que habían recibido instrucciones de un coordinador para efectuar recorridos de vigilancia en la playa.
Según su versión, su función consistía en recorrer el área y reportar cualquier incidente detectado al número de emergencias.
Sin embargo, de acuerdo con el reporte de la autoridad, no pudieron acreditar contar con algún permiso o autorización que les permitiera desempeñar las funciones que presuntamente realizaban.
Ante esta situación, los tres fueron detenidos y presentados ante el Juez Cívico para determinar su situación administrativa.
Localizan a otros dos guardias
El operativo no terminó en la zona del muelle.
Posteriormente, agentes localizaron a otros dos integrantes de la misma empresa de seguridad privada en el área de las calles Sonora y Baja California, en la colonia Miramar.
De acuerdo con la información disponible, ambos presuntamente desarrollaban actividades similares.
Con ellos, aumentó a cinco el número de personas presentadas ante el Juez Cívico.
36 horas de arresto o multa de 40 UMA
Tras analizar el caso, el Juez Cívico determinó como sanción el internamiento en celdas preventivas durante 36 horas o el pago equivalente a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Con el valor vigente de la UMA durante 2026, la cantidad equivaldría aproximadamente a 4 mil 692 pesos.
La presentación ante un Juez Cívico corresponde a una sanción administrativa y, con la información disponible hasta este momento, no significa que exista una sentencia penal contra las cinco personas.
Tampoco se ha informado públicamente si alguna autoridad investigará posteriormente la posible comisión de algún delito relacionado con los hechos.
¿Quién puede pedir permisos en la playa?
El caso resulta relevante para comerciantes, residentes y visitantes debido a que una empresa de seguridad privada no adquiere facultades de autoridad únicamente por portar uniforme o realizar labores de vigilancia.
En la zona federal de las playas de Rosarito existen autoridades y personal municipal encargado de tareas específicas de vigilancia, ordenamiento y verificación.
Entre las actividades institucionales de ZOFEMAT se encuentra la revisión de permisos relacionados con comerciantes y concesiones dentro de la zona federal.
Por ello, cualquier persona que sea abordada por alguien que se presente como inspector puede solicitar que se identifique y acredite claramente la autoridad, dependencia o facultad bajo la cual realiza una revisión.
Lo que todavía falta aclarar
El incidente abre varias preguntas que deberán ser respondidas por las autoridades y por la propia empresa de seguridad privada.
Entre ellas se encuentra determinar quién ordenó a los guardias realizar los recorridos, qué instrucciones concretas recibieron, quién contrató el servicio de seguridad y bajo qué condiciones debía operar en la zona.
También será relevante precisar si los guardias únicamente solicitaban información a comerciantes o si se identificaban expresamente como funcionarios o inspectores con facultades oficiales.
Hasta ahora, la información disponible corresponde al reporte de la intervención policial y a la resolución administrativa del Juez Cívico.
Las cinco personas conservan su derecho a que cualquier responsabilidad adicional sea determinada por las autoridades competentes.
¿Qué hacer si alguien se presenta como inspector?
Comerciantes y usuarios de la playa pueden solicitar la identificación oficial del servidor público que pretenda realizar una inspección, verificar qué dependencia representa y preguntar el motivo y fundamento de cualquier requerimiento.
En caso de duda, particularmente si una persona intenta imponer una sanción, retirar mercancía, exigir documentación o solicitar dinero sin acreditar facultades, el hecho puede reportarse directamente a las autoridades municipales o al 911 cuando exista una situación de riesgo.
El episodio ocurrido en Rosarito deja una cuestión central: la vigilancia privada puede complementar determinadas tareas de seguridad, pero las facultades propias de una autoridad requieren una autorización legal específica.
